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La nómina de funcionarios que viven del Estado sin hacer nada no es una cuestión simple. Está íntimamente conectada con el modo de hacer política que se instaló en el país pocos años después de la caída de la dictadura. Forma parte de la gestión de los partidos políticos y es el motivo por el cual en todos estos años se fueron alejando de la gente. Es parte esencial de un tipo de dirigencia acostumbrada a disfrutar de los beneficios del poder y renegar de las obligaciones que impone.
Tocar a los planilleros en el fondo es alterar un modelo de hacer política que estuvo en funcionamiento en los últimos 20 años. Un modelo que no estaba centrado en la gente o en sus necesidades, sino en mantener atada, mediante beneficios de todo tipo, a la clientela política que asegure la continuidad de los dirigentes partidarios.
Eso explica cómo es que un chofer de la Justicia Electoral tenga metida a toda su familia en la institución con el padrinazgo de las máximas autoridades de la institución. O que existan esposas, hermanas y madres de amigos cobrando salarios importantes sin siquiera preocuparse por llegar a sus lugares de trabajo.
La Justicia Electoral es apenas un ejemplo. El modelo se repite a lo largo de todas las instituciones públicas. Todas, en mayor o menor grado, están plagadas de empleados que no tienen capacidades para ocupar un puesto, pero tienen credenciales para representar a la clientela política.
Para buena parte de la dirigencia de los partidos políticos es un problema que se inicie un proceso de transparencia. Es casi una cuestión de sobrevivencia.
En el Partido Colorado, el enojo y la incomodidad se rumían en los pasillos. Nadie se atreve a hacerlo público, pero todos aseguran que la situación perjudica las posibilidades de la ANR para el 2018. Sostienen que la derrota en las elecciones municipales a finales del año pasado fue una muestra.
En el Partido Liberal la situación es ligeramente diferente. También existen incomodidad y molestia, pero hay sectores que están contentos. Sostienen que ayudará a equilibrar la competencia electoral de cara a las internas que vienen.
Donde todos los dirigentes partidarios coinciden es en que implementar de golpe un proceso de saneamiento sin tomar previsiones podría dejar a todos a la vera del camino en las elecciones generales dentro de dos años. Si se destruye todo el sistema de prebendas que instalaron los partidos en el Estado, los votos podrían esfumarse.
El proceso de depuración que plantea el Poder Ejecutivo apunta esencialmente a un cambio de modelo de hacer política. No se trata solo de sacar a operadores de la oposición para poner a personas más afines al Gobierno. Claramente eso ocurrirá, pero la cuestión de fondo es arrasar con buena parte de la dirigencia actual de todos los partidos acostumbrada a usar el Estado para sostener operadores, familiares, amigos y demás.
El camino no será fácil y mucho menos corto. La variedad de intereses en cada una de las instituciones genera una fuerte resistencia en todos los niveles. Casi todos apuntan a alargar los procesos burocráticos para llegar a las elecciones generales de 2018 con la esperanza de que las cosas tal vez cambien y el modelo siga viviendo.
La silenciosa disputa que se está desatando en los cimientos del estilo político generará profundas consecuencias en los procesos electorales que se aproximan. La administración Cartes lo sabe más que nadie.
Por ahora nada todavía está definido. La contienda apenas se inicia.
ogomez@abc.com.py