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En noviembre pasado se enviaron a la Argentina 691 muestras sanguíneas de familiares de personas detenidas-desaparecidas en la época dictatorial. El primer paso será identificar a quienes pertenecen los 34 restos óseos que fueron hallados en distintos lugares del país, que pertenecerían a personas ajusticiadas por el régimen dictatorial.
En esa época oscura de nuestra historia se estima que desaparecieron alrededor de 500 personas, otros dicen que fueron muchas más, pero documentadas están un poco más de 400, según informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Se trata de seres humanos que desaparecieron como parte de acciones represivas del Estado paraguayo. Son personas que hasta hoy día no se sabe dónde están, si fueron ajusticiadas o no, ni dónde están enterrados sus restos.
El Estado paraguayo no debería descansar ni escatimar esfuerzos ni recursos hasta encontrar al último de los desaparecidos. Pues esos hechos de violencia ocurrieron como acción de órganos gubernativos.
La “voluntad” de esclarecer esas atrocidades se debería reflejar justamente en recursos que se otorgan para esclarecer y reparar daños. Lamentablemente, la realidad es dolorosa. La Dirección de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia, a cargo del Dr. Rogelio Goiburú, encargado de buscar restos de víctimas de la dictadura para luego ser identificados por el equipo de antropólogos argentinos, realiza esa tarea sin recursos suficientes.
Es la muestra clara y tangible de que al Estado paraguayo le interesa poco o nada la suerte de esas familias que hasta hoy día siguen llorando la desaparición de sus seres queridos.
Sucesivos gobiernos que transcurrieron en los últimos lustros tampoco cumplieron a cabalidad sentencias y obligaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impuso al Estado paraguayo por hallarlo responsable de atropellos, violaciones, asesinatos, desapariciones, exilios forzados, confinamientos y despojos que padecieron habitantes de esta República que soñaban y peleaban por una vida digna y justa para todos.
El próximo mes se cumplirán 27 años del derrocamiento de esa larga dictadura que se caracterizó por la prepotencia, la brutalidad y la inmoralidad. Observando y analizando los hechos cotidianos, sufrimientos y vivencia diaria de amplios sectores de la población y el accionar de instituciones estatales encargadas de garantizar el bienestar de la gente, se puede afirmar que aún hay mucho por hacer para la plena vigencia y respeto de los derechos humanos.
A diario y en todo el territorio del país se violan los derechos de las personas en reparticiones del Estado. Esas violaciones se dan por abuso de poder, por apego a prácticas corruptas e inmorales y por desidia en el cumplimiento de funciones por parte de agentes estatales.
En fin, esa es la realidad de la mayoría de la población y es de esperar que en el 2016 el día a día sea mejor para todos.
epaciello@abc.com.py