Postergaciones que complican

Apurado por la coyuntura política, el Ejecutivo se vio obligado a ceder a las presiones. Postergó por siete meses la aplicación del IVA a las cooperativas, para no profundizar el conflicto con un sector que siempre fue más afín al Partido Colorado. Los técnicos del Gobierno no están conformes, consideran que es un error no aplicar inmediatamente el impuesto. Olvidan que fue ese mismo atolondramiento el que los llevó a esta situación. Desde el inicio fueron advertidos de que atropellar a las cooperativas podría tener consecuencias graves para la administración, pero prefirieron no escuchar.

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El sector político comprendió mejor lo que se venía. Continuar con el enfrentamiento cuando falta menos de un mes para las elecciones municipales podría haber tenido efectos profundos en los resultados y en el futuro político. Ponía en riesgo el gran objetivo del Ejecutivo de ganar la mayor cantidad de municipios para tener una base política propia de cara a 2018.

La presencia de Lilian Samaniego, presidenta del Partido Colorado, junto al ministro de Hacienda comunicando la postergación no fue casual. Era la clara señal de que la intermediación política fue esencial para el aplazamiento. Fue un gesto de buena voluntad esperando que haya una retribución en las municipales.

Además era una forma de neutralizar la movida de la oposición, que minutos antes logró aprobar en el Senado un proyecto de ley que también posterga por seis meses las modificaciones a la ley de cooperativas.

Ahora se abre un nuevo tiempo de negociaciones para tratar de encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades financieras del Gobierno y las exigencias de las cooperativas. No será un acuerdo sencillo, pero esta vez la mesa de negociaciones también incluirá al sector político. Ni el Gobierno ni las cooperativas tendrán una victoria completa, cada uno tendrá que ceder para llegar a un acuerdo.

Donde el Ejecutivo parece no encontrar la forma de avanzar es en la renovación del Poder Judicial. Ahora la oposición junto con la disidencia colorada aplazaron para después de las elecciones municipales el juicio político a tres miembros de la Corte Suprema de Justicia. Eso lleva al filo de este año una eventual destitución de los tres miembros. El menor desacuerdo trasladaría a 2016 toda la negociación.

El Ejecutivo esperaba que mostrando buena voluntad para la designación del candidato disidente se abría el camino para el juicio político. De hecho, ese fue el discurso de la disidencia colorada para obtener el respaldo del presidente Cartes. Ahora los cambiantes tiempos políticos hicieron variar esa postura.

Llevando el juicio político para después de las elecciones municipales la disidencia colorada gana tiempo, pero, más importante aún, se escapa de la presión del Ejecutivo. La coyuntura política será muy diferente cuando pasen las elecciones municipales. El Ejecutivo perderá capacidad de presión, la disidencia estará libre de apuros partidarios y los tiempos políticos empezarán a estar marcados por las necesidades que traerán las elecciones generales en 2018.

La postergación del juicio político podría significar la defunción del proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia. Es muy difícil que la oposición y la disidencia colorada acepten alegremente ceder espacios de poder para contentar al Ejecutivo. Avanzarán si es que tienen claro que los beneficios que puedan obtener serán mayores que los de ahora.

El Ejecutivo intenta desmontar los frentes de conflicto cediendo posiciones, pero eso no le asegura una solución definitiva. Apenas representa una pausa que finalmente podría terminar perjudicando la posición del Gobierno.

ogomez@abc.com.py

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