¿Privatizar los impuestos?

Por parte de las autoridades, la argumentación resalta que el sistema vigente de recaudaciones de impuestos deja mucho que desear pues, en el caso de Asunción, solo el 51% de los contribuyentes abona lo que deben anualmente, en tanto el 49% no paga o declara como baldío un terreno que contiene una casa o un edificio. Simplificando las cifras, la mitad de los asuncenos no aporta a las arcas municipales lo que la ley le obliga.

Teniendo en cuenta esta mora generalizada, los intendentes y las juntas comunales consideran que la solución consiste en contratar a una empresa privada para que realice el trabajo de actualizar el catastro y cobrar con eficiencia los impuestos, quedándose con el 30% de lo que se recaude.

Por su parte, los dirigentes sindicales afirman que el procedimiento de tercerización en realidad esconde un negociado de los intendentes quienes tendrían, bajo la mesa, algún tipo de acuerdo monetario con las empresas adjudicadas.

Los funcionarios argumentan también que en la comuna ya existe un Departamento de Catastro y una sección de cobranza, con decenas de trabajadores, quienes podrían quedarse sin tareas específicas y sin empleo, si la tercerización llega a concretarse.

Un dilema difícil de resolver porque cada parte tiene su cuota de razón. El punto de partida es que el sistema vigente de catastro y de cobranza no funciona como debiera; los municipios pierden mucha plata cada año a causa del deficiente trabajo de sus propios funcionarios. Asunción ya cuenta con una cantidad sobredimensionada de empleados, centenares de los cuales no cumplen ninguna función real. Si este tema se terceriza, aumentará la nómina de planilleros de lujo a quienes la comunidad paga los sueldos por no hacer nada.

Tercerizar parece la salida más fácil. Lo que en verdad la ciudad y el país necesitan es que los funcionarios comunales y estatales trabajen con eficiencia en sus tareas específicas en vez de pintarse las uñas o tomar tereré mientras pasan las horas hasta marcar la tarjeta de salida.

En los hechos, las comunas no pueden despedir a tantos funcionarios que se atropellan en los pasillos o juegan truco en algún galpón “freezer” porque no tienen tareas que realizar. Entonces, en vez de contratar a una empresa privada externa, el desafío consiste en reunir a estos planilleros, capacitarlos para recorrer los barrios y actualizar los datos catastrales y exigir, si necesario fuere, casa por casa que los contribuyentes paguen sus impuestos.

Así, solucionaríamos dos problemas: los funcionarios con sueldos harían su trabajo normal y el municipio recibiría el 100% de los tributos. No es un camino fácil, pero es lo que corresponde hacer, si queremos ir construyendo una mejor sociedad.

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