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La Iglesia Católica interpretó muy bien, como en muchas ocasiones, el estado de ánimo de los paraguayos y habitantes de nuestro país que buscamos un Paraguay mejor. Se evidencia en conversaciones y en el caminar diario el cansancio, el hartazgo, rabia y hasta esa triste resignación de la gente hacia la clase política que se burla sin asco de todos nosotros.
El grito de “¡basta ya!” también sonó muy bien en el tímpano de las altas autoridades, con especial énfasis en la Justicia y la Fiscalía, en el Congreso y en el Ejecutivo, con copia al Ministerio del Interior.
Mons. Valenzuela apuntó muy bien en cuestionar la corrupción y la impunidad, males endémicos de nuestra sociedad. No son fenómenos nuevos en el Paraguay pero lamentablemente siguen vigentes, pese a cambios de gobierno y promesas electorales. Lo triste es que ya forman parte del “patrimonio” cultural y algunas personas incluso hasta reivindican estas malas prácticas como un método legítimo para llevarse dinero público al bolsillo.
Varios legisladores, altas autoridades, gobernadores, concejales municipales y departamentales inician sus mandatos con dos camisas y un pantalón y concluyen su gestión con estancias, camionetas y la soberbia y prepotencia hasta las nubes. Tras las caída del anterior gobierno, se movieron expedientes que estaban congelados y terminaron con decisiones que enviaron a la cárcel al exsenador cartista González Daher y su hijo el concejal de Luque con permiso, al diputado de Añetete Ulises Quintana, el extitular del Indert Justo Cárdenas y al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón (cartista).
La Fiscalía decidió abrir una investigación al clan cartista de Zacarías Irún, al titular de Diputados, Miguel Cuevas (ANR, Añetete), y al senador liberal llanista Dionisio Amarilla por supuesto enriquecimiento ilícito. Si el Ministerio Público toma la histórica decisión de imputar a esos tres legisladores, estos tendrán que ir presos porque el marco legal no permite que tengan medidas sustitutivas a la prisión como la domiciliaria.
El caso de Zacarías Irún tendría consecuencias importantes porque actualmente la administración de su esposa, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod (ANR, cartista), está siendo intervenida por el Poder Ejecutivo, con aprobación de la Cámara de Diputados, tal como establece la Constitución Nacional. Si hay imputación contra el senador y al mismo tiempo se le destituye a McLeod, tras comprobarse las graves irregularidades que se le están denunciando, estaríamos hablando de un duro golpe contra uno de los sectores políticos más fuertes del Partido Colorado.
La esperanza que tiene la ciudadanía es que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, aplaudió gran parte de la homilía de Mons. Valenzuela, lo que hace suponer que el “¡basta ya!” le sonó muy bien y tal vez pueda aterrizar el mensaje eclesial en una resolución.
Cuando dijimos al principio que el “¡basta ya!” fue muy diferente a los demás mensajes, nos referimos también al mea culpa que hizo el prelado por casos de abusos de menores por parte de los pastores de la Iglesia. Varios de los implicados fueron beneficiados con el pacto interno de impunidad, mecanismo del que gozan políticos en connivencia con jueces y fiscales.
La homilía pone una vez más a prueba a los fieles para que pongan en práctica el mensaje y no se queden solo con el ritual religioso.
pguerrero@abc.com.py