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Uno de los casos más sonados que convulsionaron a la ciudadanía y a la estructura del manejo de poder ha sido el de Óscar González Daher y tras él una partida de mandamases de turno ha ido cayendo. Más recientemente, la mirada está puesta sobre la intervención de municipios del interior del país, entre ellos, el considerado bastión mayor de la corrupción: Ciudad del Este.
También ha sido un año en el que se han consolidado ciertos procesos que tienen que ver con el derecho que tenemos todos a conocer cómo y cuándo se conciben las formas de manejo de la cosa pública. Hemos visto avances, como la aprobación por parte de la Cámara de Senadores del proyecto de ley que establece que sean públicas las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Pueden parecer casualidades, pero todo esto tiene que ver con un tema transversal por el cual se ha venido trabajando desde hace más de una década y cuyos resultados recién ahora se pueden apreciar: el acceso a la información pública y la transparencia.
Es necesario hacerlo notar porque la ciudadanía no ha dimensionado aún la trascendencia y el poder que tiene a través de la herramienta denominada Ley 5282/14 de Acceso a la Información Pública, que debemos repetir hasta que se instale como normal, pues es un derecho humano y como tal a nadie se le puede negar y hacerlo es sinónimo de cometer un crimen.
Desde tiempos inmemoriales, la cosa pública fue considerada erróneamente el bien particular de los que estaban en el poder, los amigos de estos y sus claques. De repente, la Ley AIP les funde el negocio a los corruptos y nos brinda a los ciudadanos la posibilidad de empoderarnos.
Si nos detenemos un instante, nos daremos cuenta de que toda esta convulsión que vive nuestro país, es debido a que esta ley está empezando a dar sus frutos. El gran temor a ser descubiertos en sus trapisondas y tragadas es lo que tiene a las autoridades y sus adherentes desesperados y recurren a cualquier cosa para detener lo inminente: conocer la verdad de cuánto se ha robado.
Los intentos por acallar a la ciudadanía no deben detener a quienes solo están haciendo uso de su derecho, porque en definitivas ese dinero que se quiere auditar es el dinero de todos nosotros. El atropello de casas de gente que lidera las protestas, las amenazas con cuchillo a los trabajadores de la prensa (Fredy Flores de Ciudad del Este) es solo un síntoma de lo desesperados que están y de que saben que el tiempo se les acaba.
El reloj de arena echó a andar.
mescurra@abc.com.py