Representación y legitimidad

La Cámara de Diputados postergó de nuevo el tratamiento del proyecto de ley que habilita al ciudadano a formar parte del registro cívico nacional en forma automática, una vez que cumpla los 18 años de edad. Anteriormente tampoco prosperó en el Congreso un proyecto de ley anti lista sábana.

El proyecto de ley de inscripción automática y el que pretende desbloquear las listas de candidatos a cargos electivos constituyeron dos pruebas fundamentales para la clase política paraguaya.

La aprobación de ambas propuestas legislativas hubiera sido una demostración de que realmente los políticos que actúan en el Parlamento en nombre de la ciudadanía paraguaya que los eligió, tienen voluntad política de mejorar el sistema electoral paraguayo.   

La ley de inscripción automática permitiría que todos los paraguayos en edad de votar formen parte del padrón nacional y puedan participar de las elecciones. Además de  ahorrar millonarias erogaciones del dinero público que se destina a la inscripción. En tanto el proyecto de desbloqueo de listas sábana hubiera permitido seleccionar mejor a los candidatos a la representación popular.

Hubo otros  intentos  por poner en vigencia las citadas propuestas legislativas, pero todos ellos fracasaron hasta ahora. Con lo cual se puede deducir que  no existe real intención de implementar esas innovaciones   que podrían contribuir a mejorar la calidad del sistema electoral en nuestro medio.

Políticos de distintos partidos suelen pronunciarse por medios periodísticos a favor de una ley de inscripción automática en el padrón nacional y también lo hacen hacia una legislación que pretende desmontar las famosas listas sábana de candidatos, que hasta ahora obligan al elector a votar por quien no quisiera hacerlo. Pero a la hora de materializar ese apoyo no lo hacen, o se ausentan para no dar quórum en la sesión de la cámara.

Estos dos ejemplos constituyen signos evidentes de degradación de la actividad política en nuestro país. Contribuyen a que cada vez más disminuya la confianza hacia esos políticos de parte de la ciudadanía y el correspondiente alejamiento de los electores, porque los mismos "se olvidan" de los problemas reales de la población y más bien priorizan sus intereses, los de su grupo y su partido. Muchos de ellos, una vez que llegan al cargo apetecido, ya no se sienten ni ligados ni comprometidos con la gente que los votó, por lo que ya no consideran una obligación o un deber rendir cuentas de su actuación.   

Toda esta situación va conduciendo a una cada vez más baja participación de los electores en actos comiciales. Algunos legisladores pretenden establecer sanciones a los ciudadanos que no concurren a votar. Creen que así habrá una mayor participación para legitimar a quienes resulten elegidos, y que también se evitaría la compra y venta de cédulas y votos el día de las elecciones.  

La ciudadanía también tiene su grado de responsabilidad, porque no se revela contra un sistema que le obliga a legitimar con su voto   a personas que muchas veces no la representan. 

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