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Concluidas las elecciones, la derrota militar fue estrepitosa. Se dividió el dinero invertido entre los votos obtenidos y fue algo así como 50 dólares por voto. Un amigo de entonces, personificación del porteño de buen vivir pero sin un cobre en el bolsillo, se llevaba la mano a la cabeza en la mítica cafetería “La Paz” y exclamaba: “Muchachos, me lo hubieran dicho. Por cincuenta dólares yo los votaba cinco o seis veces. Más, también; todas las que quisieran”.
No pasaba de ser una broma pero con el correr de los años, con el correr de las férreas dictaduras y las endebles democracias, hemos ido sacando conclusiones, que no son lecciones porque no las hemos aprendido. Lo ilustra la noticia que acabo de leer en los periódicos de Asunción: los funcionarios públicos tienen de tal manera distribuidos sus privilegios que no es raro encontrar a un secretario de cuarto o quinto nivel cuyo salario supera al de un ministro. Allí entran: un sueldo base, gastos de representación, premios a la fidelidad, bonificaciones, horas extras, viáticos y aguinaldos”. No es extraño encontrar funcionarios que cobran hasta 17 salarios anuales, cuando lo normal, para cualquier trabajador del sector privado, sea cobrar 13 al año: 12 sueldos y 1 aguinaldo.
Al ponerse en evidencia esta manera de proceder (escribo con el diccionario de sinónimos sobre las rodillas buscando la palabra adecuada para calificarla) no faltó quien intentara un gesto tranquilizador para que nosotros, los ciudadanos de a pie, los contribuyentes, los que ponemos el dinero a través de nuestros impuestos para que se haga este alegre sorteo de lo que nos pertenece, hubo quien dijo que los aguinaldos no se pagan de una vez sino ¡cada 3 meses! Justo, no hay que ser un gran matemático para calcularlo: se paga un aguinaldo cada 3 meses, por 12 que tiene el año, la cuenta está saldada: 4 aguinaldos al año.
La corrupción llegó a niveles tan escandalosos que se está inventando un idioma nuevo para suavizar su impacto. A este robo desvergonzado del dinero público se le llama: malversación, desvío del dinero público, defraudación y, en el colmo del descaro: “distracción del dinero público”. Es decir, alguien, distraídamente, se guardó en los bolsillos aquel dinero que tendría que haberse guardado en las arcas del Estado, o lo que corresponda hoy día a aquellas antiguas arcas.
A la gravedad de esta forma procaz de robar a la ciudadanía, nos encontramos en un punto en el cual debemos cuestionarnos seriamente si seguimos viviendo o no en un Estado democrático. Quienes ocuparon la Presidencia de la República desde que fue derrocada la dictadura (con excepción del general Andrés Rodríguez) se preocuparon de manera muy especial de lograr que la Justicia se construyera con órganos que estaban hechos a la medida de las necesidades de los gobernantes de turno. Desde la Suprema Corte de Justicia hasta el último Juzgado de Paz del más remoto poblado, tenían que responder a las necesidades del grupo. Se logró así quebrar la independencia de los poderes impidiendo que cada uno se constituyera en controlador y dique de contención de los otros dos.
Ahora, a través de un sistema de compra de voluntades, se ha dado un paso más adelante en este proceso de aniquilar el sistema democrático, que no hemos sabido apreciar, ni defender, ni comprender. Por 17 sueldos al año estos funcionarios públicos son capaces de votar a quien le digan “cinco o seis veces. Más, también; todas las que quisieran”. Esto ha dejado de ser una broma de aquel despreocupado amigo para convertirse en la realidad que nos toca vivir. No voy a recurrir a aquello de “poderoso caballero es don dinero” por estar muy repetido y gastado. Pero es una verdad incuestionable. No han sido las bayonetas, ni los sables, ni los tanques los que han venido a destrozar nuestra democracia, sino simplemente la chequera del gobernante de turno. Para colmo de males, con cheques pagaderos contra nuestra propia cuenta.
jesus.ruiznestosa@gmail.com