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Hace un par de semanas, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) había clausurado 60 carreras del área de salud de las universidades Tres Fronteras, María Auxiliadora, Autónoma San Sebastián y la Hispano Guaraní, porque sus planes de estudios eran mau, no existían legalmente; en consecuencia, miles de estudiantes resultaron estafados por estas universidades “de garaje”.
Los centros educativos afectados no aceptaron la sanción ni plantearon la reapertura de las carreras ajustándose a todos los requisitos legales y académicos; simplemente, presentaron un recurso de amparo pidiendo que se deje sin efecto el cierre declarado por el Cones y el juez que entendió en el caso, les concedió la medida cautelar solicitada. En resumen, las carreras “fantasmas” siguen vivas y moviendo la cola alegremente.
Por otro lado, ya constituyen historias repetidas la pronta liberación de los motochorros, asaltantes, maltratadores y violadores de menores y de mujeres. Como si fuera una rutina, los fiscales que intervienen en esos casos adoptan, como primera medida, ordenar la puesta en libertad de los detenidos. Los delincuentes vuelven a las calles a continuar haciendo su “trabajo” habitual.
Algo está mal en nuestro sistema judicial o en la forma de aplicar en la realidad los principios jurídicos pertinentes. No es posible que quienes violan las leyes obtengan medidas judiciales que les favorecen con tanta rapidez y facilidad. Cuando el ministro de Educación, Enrique Riera, asumió el cargo, se encontró con el fardo de 8.000 estudiantes que habían sido estafados por las famosas universidades “garaje” que les cobraron mucha plata por hacerles estudiar carreras que no existían legalmente y haberles entregado títulos nulos por carencia de validez legal. Ahora, el Cones constató que hay otras 60 carreras universitarias que tampoco fueron aprobadas legalmente y que, por tanto, son una estafa a los estudiantes, pero un juez resuelve que no pasa nada, que sigan nomás sus estudios, aunque los títulos que vayan a recibir no sirvan ni para usarlos como trapo de piso.
No hace falta ser un experto en ciencias jurídicas para afirmar que estas cosas no están bien; el sentido común te dice que los fiscales y jueces no pueden proceder como les da la gana, resolviendo cualquier cosa, solo porque el código de procedimientos judiciales así los faculta.
El Cones es la máxima autoridad en el sistema de educación superior en el Paraguay; si este alto organismo, luego de un largo y minucioso análisis, concluye y resuelve que algunas carreras no están habilitadas legalmente, ¿qué capacidad académica y profesional tiene un juez para revocar las decisiones de la citada institución universitaria? Si estamos en esta joda, ¿por qué no nombramos al juez como rector general de universidades y que siga el carnaval?
ilde@abc.com.py