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Aparece un documento firmado por un matrimonio según el cual deben a un grupo de empresarios 23 millones de dólares. Los firmantes aseguran que nunca se hicieron de tal compromiso sino de 10 millones de dólares en cinco cuotas. Ya pagaron tres.
Se enteraron de la deuda 23 millones cuando recibieron el reclamo del pago respectivo. Se pusieron a averiguar y aparecen unos documentos confeccionados por dos escribanas que habitualmente prestan servicio al citado grupo empresarial.
Llama la atención que se pueda cometer semejante acto –la falsificación de firmas– por una suma tan elevada y esperar que se abone por ella. ¿En qué cabeza cabe tanta mansedumbre? ¿Habría algún tonto a quien se le presenta un pagaré por 23 millones de dólares que no los ha recibido pero tiene que hacerse cargo de la cuenta?
Me cuesta creer que las escribanas hayan podido cometer semejante estupidez, porque no es otra cosa. ¿Esperó que el matrimonio se fuera a su oficina y pague 23 millones de dólares porque sí nomás? ¿Mienten los deudores?
He aquí a los personajes de esta historia: El grupo Favero, las escribanas Nélida Chávez de González y María Teresa Rodríguez Almada; Marino Raiter y Marile Penkal, brasileños, 40 años de residencia en nuestro país y con hijos paraguayos. También la jueza de Ciudad del Este Victoriana Cáceres Duarte. Hay otro personaje, tal vez el principal de todos: el senador colorado (cartista) y presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Óscar González Daher.
Cuando Marino Raiter y Marile Penkal recibieron la notificación de que debían abonar al grupo Favero la suma de 23 millones de dólares, hicieron lo que tenían que hacer en caso de que el reclamo no tuviese razón de ser: negar la existencia de la deuda y negar que firmaran documento alguno que la avalara. Como el abogado del grupo les hizo “recordar” que la firma tuvo lugar en la escribanía de Nélida de González y de María Teresa Rodríguez, el matrimonio negó con vehemencia que tal cosa ocurriera. Solicitaron, entonces, acceder a los pagarés y que los mismos fuesen estudiados por peritos calígrafos y se expidan sobre ellos.
Este paso elemental que se da en estos pleitos no es posible hacerlo porque el abogado del grupo Favero hace lo imposible por evitar que así sea. Sin embargo, el grupo consiguió que se lleve adelante la ejecución de los pagarés supuestamente impagos.
Cualquier persona que hubiera sido reclamada para abonar su deuda, por la suma que fuere, sabe que el trámite comienza por ser llamada por el juez ante quien reconocerá, o no, la firma estampada en el pagaré. Esto que es común, no lo es para el matrimonio Raiter que soporta una orden de embargo sobre sus plantaciones de soja en la colonia Tirol, de Carlos Antonio López, Itapúa.
Aquí aparece la segunda y decisiva parte de la historia. Los Raiter solicitaron y obtuvieron el amparo contra la orden de embargo. La jueza Victoriana Cáceres Duarte hizo lo que tenía que hacer ante la ausencia del trámite elemental del reconocimiento de firma: dispuso el amparo en favor del matrimonio.
Este amparo duró poco. La jueza recibió la visita de un funcionario del Consejo de la Magistratura, cuyo presidente es González Daher, esposa de la escribana Nélida Chávez. Al cabo de dos horas de esta visita, la jueza Victoriana Cáceres Duarte revió su decisión original y negó el amparo a los Raiter. Con este sencillo procedimiento, el grupo Favero queda con las manos libres –siempre las tuvo– para ejecutar la deuda respaldada por firmas que serían falsas.
Uno se pregunta: ¿Es tan fácil saquear en este país? ¿Basta la influencia política para que estos y otros hechos ocurran? ¿Es suficiente ser amigo del presidente de la República para alzarse contra la Constitución, las leyes, la decencia?
Los Raiter, ante la posibilidad de quedarse en la calle, piden socorro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También solicitan los servicios de un instituto forense, de Londres, para las pericias de las firmas. Tienen razón en desconfiar de nuestra justicia.
Me inclino a pensar que los Raiter tienen razón por estos motivos: 1) Creo que no se animarían a exponerse ante un organismo internacional, y menos aún pedir la verificación de sus firmas; y 2) Este punto es el que me decide a estar enteramente con los Raiter: la presencia en el pleito de Óscar González Daher. ¿Le conocen?
alcibiades@abc.com.py