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Naturalmente el despido de funcionarios en instituciones que soportan acusaciones de planillerismo o sobrepoblación cuenta con la atención plena de la prensa y el hecho se convierte incluso en un elemento de propaganda positiva para el ejecutivo que ingresa. Sin embargo, pasado el tiempo, ya nadie se acuerda de lo que pasa en esa institución y según el manual del prebendarismo partidario, el nuevo ejecutivo debe dejar pasar cierto tiempo para comenzar a habilitar el ingreso de nuevos funcionarios preferentemente sin que nadie se dé cuenta.
O por lo menos, para cuando se de cuenta, ya resulte tarde y de nuevo la institución se llena de correligionarios, con la única diferencia de las lealtades. Los que se fueron no eran leales al nuevo jefe y los que entraron sí lo son.
En estos días a la Contraloría General de la República se le ocurrió hacer una fiscalización en materia de recursos humanos de la Secretaría de la Función Pública, entre los meses de enero y setiembre del año pasado. Su primer descubrimiento no fue lo tradicional: superpoblación y planillerismo sino que había más jefes que empleados.
El informe dice que el 55% de los funcionarios de esa institución ejercen cargos superiores. Esto significa que cada empleado tiene su propio jefe, con quien seguramente conversa todos los días de modo que problemas de comunicación no creo que exista en esa dependencia estatal.
Pero la fiscalización de Contraloría no termina en eso. Encontró además que ahí también se utilizan los vehículos del Estado para otros fines que no sean los oficiales y que además estos medios de transporte eran utilizados en días no laborales, como por ejemplo en Año Nuevo, sin que exista documento alguno que acredite la necesidad de usar los vehículos en días feriados.
La Secretaría de la Función Pública es la institución encargada de velar por el cumplimiento de las leyes referidas a la administración pública siendo sus atribuciones formular políticas de gestión y de desarrollo de las personas que trabajan en el sector público.
Significa que en este lugar del océano del trabajo público se disipan las dudas, se rectifican los errores y se imponen nuevos patrones culturales en la materia, pero, increíble: ahí se rompió otro récord, el de mayor porcentaje de jefes per cápita.
No puedo entender cómo es que todavía no se puede arreglar este pastel que se viene arrastrando desde hace décadas. Los funcionarios públicos son servidores del Estado, no son funcionarios del Gobierno de turno y mucho menos empleados del partido de gobierno.
Se sigue trabajando con la lógica de que hay instituciones pobres e instituciones ricas, y la institución cumbre, Itaipú, se mantiene con sueldos inclusive superiores a los de primer mundo, adonde van a parar unos pocos privilegiados que no se eligen por capacidad, méritos o títulos habilitantes (excepto unos pocos) sino por haber caído en el campo de las negociaciones políticas.
No creo –como dicen algunos– que sea un tema imposible de resolver. Simplemente casi nadie tiene la voluntad ni la valentía de enfrentar el embrollo porque hasta ahora es un pueblo sumiso el que perdona todas las mentiras, los vicios y abusos de quienes tienen en sus manos las riendas del poder.
ebritez@abc.com.py