¿Y qué si el pueblo no quiere?

En el debate que se da estos días, más o menos encubierto, sobre la reelección presidencial ya se barajan nombres de candidatos “seguros” y hay dirigentes que están vehementemente a favor o en contra de contar con esa figura constitucional.

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Dan por descontado que, de plantearse la modificación de la Constitución, el electorado acompañará la idea como rebaño. Como tantas veces, hay algunos que creen saber lo que el pueblo quiere, antes de consultarle.

Comenzando por la Constitución de 1992, la mayoría de las normas sobre cuestiones electorales planteadas (algunas aprobadas, otras no), respondieron a coyunturas puntuales o a los intereses de algunas personas o grupo político concretos.

La posibilidad de reelección presidencial fue proscripta de nuestra Carta Magna vigente por la cercanía entonces de la larga dictadura stronista y también en contra de la continuidad del “hombre fuerte” que en ese momento (1992) detentaba el poder, el Gral. Andrés Rodríguez.

A partir de ese momento, cada periodo en el que se impulsó la reelección presidencial fue por el interés de quien estaba en el cargo. Es significativo que los presidentes que no mencionaron su interés por ser reelectos fueron justamente aquellos que estaban muy seguros de no tener ninguna posibilidad real.

Un argumento recurrente de quienes se oponen a darle la posibilidad de ser reelectos a quienes están detentando el cargo es que estos utilizarán los recursos públicos a su favor, con lo cual, presuntamente, tendrán una ventaja decisiva sobre los demás candidatos.

Sin embargo, sobran ejemplos recientes y más o menos lejanos de que manejar el aparato del Estado, así como el de las municipalidades o gobernaciones no asegura absolutamente nada. Ya en 1991, Carlos Filizzola derrotaba al candidato oficialista y “seguro ganador” de la intendencia asuncena, Juan Manuel “Mochito” Morales. Igual pasó a, nivel nacional, en 2008 con Fernando Lugo contra la candidata oficialista Blanca Ovelar. Mucho más cercano en el tiempo, en Asunción, el año pasado, tenemos el caso de Mario Ferreiro contra Arnaldo Samaniego.

Otro ejemplo a mencionar podría ser el del mismo Horacio Cartes, quien en 2013 derrotó al candidato del entonces oficialismo, el PLRA, Efraín Alegre. Sin embargo, en ese caso habría que hacer alguna salvedad. Si bien Alegre contó con los recursos del Estado, del lado de Cartes también había incontables recursos económicos que, de hecho, fueron decisivos para que fuera candidato colorado en la interna.

No porque la mayoría de la clase política decida establecer la posibilidad de reelección presidencial, quiere decir que esto será aceptado automáticamente por el pueblo en el referéndum que tendrá lugar. Y, en el caso que se establezca finalmente la figura de la reelección en nuestro sistema legal y constitucional, eso no significa que serán reelectos quienes aparecen ahora como los más interesados.

El poder del dinero, malhabido o no, la ventaja de contar con los recursos de las instituciones públicas para intentar comprar el favor de los votantes, no otorgó en periodos anteriores la seguridad de ganar a ningún candidato y no se la dará tampoco a quienes ahora pretenden quedarse o volver al poder.

Se ha visto con ejemplos concretos de que cada vez será más difícil engañar al electorado, así se cuente con todos los recursos para pagar publicidad o para otorgar migajas circunstanciales a la gente más necesitada a cambio de votos.

Quien crea (aunque no lo diga públicamente) que comprará o engañará fácilmente al pueblo se está engañando a sí mismo.

mcaceres@abc.com.py

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