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Arregui decidió asignar la causa a Llano, porque son necesarios algunos actos investigativos para esclarecer si hubo o no sobrefacturación en la adquisición de medicamentos, de algunos alimentos e insumos vencidos y, además, presuntas obras inconclusas y abandonadas.
El 13 de diciembre del año pasado, los médicos Carlos Cuba, Hugo Eduardo Montiel, Roberto Duarte y la Lic. Carmen Corina Alonso, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, habían denunciado a la ministra de Salud teniendo como base un informe especial de la Contraloría General de la República, período 2010, que fue firmado por siete auditores.
El dictamen habla de compras de medicamentos que exceden hasta un 4.000% el precio máximo estipulado por la propia Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Esto aconteció en el marco de un convenio del Ministerio y la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados.
En la presentación, se dio como ejemplo la compra de Metrosol, que cuesta G. 1.000, pero el MSPBS pagó G. 29.840, con una sobrefacturación de casi 3.000%. Además, el suero de 250 ml que tenía que costar G. 3.000 se compró por G. 19.425 (284%) y la ampolla de Dipirona, cuyo precio unitario es G. 950, se adquirió a G. 8.500 (984%).
También, el informe del ente de control refiere de la existencia de medicamentos, insumos y alimentos vencidos en el Hospital Nacional de Itauguá, Hospital Psiquiátrico y del Cáncer.
Además, según la denuncia, la CGR hizo hincapié en que el Ministerio de Salud logró la contratación directa, por la vía de la excepción, para la construcción de sistemas de provisión de agua para 14 comunidades indígenas, dentro del plan "Chaco oikotevê ñanderehe", donde se invirtieron G. 3.935.715.624, y que muchas obras se encuentran inconclusas.
No tenía descargo
Pese a la denuncia, el informe especial de la Contraloría que complica a la administración de Esperanza Martínez está incompleto, porque fue presentado antes de que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social haya siquiera realizado el descargo correspondiente y el ente de control analice el mismo.
De hecho, cuando se presentó la denuncia, la directora de Comunicaciones del Ministerio de Salud, Ana María Paredes, dijo que el descargo fue enviado y que ya estaba el informe final.
La fiscala Llano deberá primero cotejar si la Contraloría en realidad detectó las irregularidades que fueron denunciadas.
El 13 de diciembre del año pasado, los médicos Carlos Cuba, Hugo Eduardo Montiel, Roberto Duarte y la Lic. Carmen Corina Alonso, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, habían denunciado a la ministra de Salud teniendo como base un informe especial de la Contraloría General de la República, período 2010, que fue firmado por siete auditores.
El dictamen habla de compras de medicamentos que exceden hasta un 4.000% el precio máximo estipulado por la propia Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Esto aconteció en el marco de un convenio del Ministerio y la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados.
En la presentación, se dio como ejemplo la compra de Metrosol, que cuesta G. 1.000, pero el MSPBS pagó G. 29.840, con una sobrefacturación de casi 3.000%. Además, el suero de 250 ml que tenía que costar G. 3.000 se compró por G. 19.425 (284%) y la ampolla de Dipirona, cuyo precio unitario es G. 950, se adquirió a G. 8.500 (984%).
También, el informe del ente de control refiere de la existencia de medicamentos, insumos y alimentos vencidos en el Hospital Nacional de Itauguá, Hospital Psiquiátrico y del Cáncer.
Además, según la denuncia, la CGR hizo hincapié en que el Ministerio de Salud logró la contratación directa, por la vía de la excepción, para la construcción de sistemas de provisión de agua para 14 comunidades indígenas, dentro del plan "Chaco oikotevê ñanderehe", donde se invirtieron G. 3.935.715.624, y que muchas obras se encuentran inconclusas.
No tenía descargo
Pese a la denuncia, el informe especial de la Contraloría que complica a la administración de Esperanza Martínez está incompleto, porque fue presentado antes de que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social haya siquiera realizado el descargo correspondiente y el ente de control analice el mismo.
De hecho, cuando se presentó la denuncia, la directora de Comunicaciones del Ministerio de Salud, Ana María Paredes, dijo que el descargo fue enviado y que ya estaba el informe final.
La fiscala Llano deberá primero cotejar si la Contraloría en realidad detectó las irregularidades que fueron denunciadas.