Solo dos funcionarios de Registros niegan coimas

Félix Escalante y César Manuel Rojas fueron los únicos imputados por cohecho pasivo (coima) que no plantearon una salida más leve de suspensión condicional del procedimiento, que significa la admisión de hechos.

Los abogados Marcos Ortega y Carlos Doldán pidieron  el sobreseimiento definitivo durante la audiencia preliminar que continuó ayer ante la jueza Patricia González.

"Nosotros solicitamos el sobreseimiento, porque creemos que podemos demostrar una absolución si se eleva o no a juicio oral. No nos abocamos a ningún tipo de salida procesal en razón de que mis clientes quieren demostrar su inocencia", especificó Ortega. El profesional agregó que Escalante y Rojas son funcionarios de más de diez años de antigüedad en los Registros Públicos y que prefieren un juzgamiento oral para "dilucidar" varios puntos negligentes de la actuación del Ministerio Público.

En la víspera, dos funcionarios más se acogieron a la propuesta de los demás involucrados. Se trata de Carlos Aldrín González y Rodrigo Bogado, quienes un día antes habían rechazado la suspensión condicional, pero finalmente se retractaron. Además, hay dos pedidos de sobreseimiento provisional de parte del fiscal Arnaldo Giuzzio, que son  para Berta Carolina Alarcón y Alberto Agapito Ojeda.

Los funcionarios que pretenden la suspensión del procedimiento son: Albino Villalba, Juana Peralta, Agustina Colmán Ríos, Francisco Escalante, Marian Haedo Ortellado, Juan de Dios Montiel, Juan Bareiro González, Lucio Molinas, William Viveros Peralta, Julio César Fernández, Jorgelina Benítez Flores, Isidro González Cáceres, Carlos Florentín Hermosilla, Rumi Chaparro de Colmán, Juan Carlos Páez y Mario Bobadilla (estos dos últimos acusados por apropiación).

La jueza Patricia González resuelve este mediodía si acepta condenas de un año más G. 150.000 por mes para donaciones a entidades de beneficencia para los casos más leves, y dos años y el mismo monto para los jefes de secciones implicados, y para Páez y Bobadilla.   En noviembre de 2010 los funcionarios cayeron con coimas de entre G. 20.000 y G. 500.000.