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Así lo aseguró ayer durante una visita a nuestra redacción el abogado Germán Benítez Silva, asesor jurídico de esa casa de estudios.
“En realidad lo que quiero aclarar es que no ha habido ninguna intervención. Sí lo que hay es un pedido de informes del Ministerio Público dentro de una investigación fiscal abierta”, explicó.
Añadió: “Estamos en una etapa incipiente de la investigación y la Universidad Nacional de Pilar, en ese marco, va a colaborar como una institución pública, más aún con el Ministerio Público”.
Se refirió a uno de los puntos de investigación que son aquellos que ofrecen una propuesta de enseñanza, sujeta a ser aprobada por la Universidad, como se lo denomina a los extensionistas.
“Para ser extensionista no basta con título de grado o posgrado”, argumentó.
Con relación a la denuncia del diputado Hugo Rubin, de que pese a que renunció seguían cobrando en su nombre, respondió que cada profesional tenía una tarjeta de débito con un código de seguridad que le proveía un banco privado.
Recordó que en el año 2012 tuvieron una calificación positiva del Ministerio de Hacienda por la ejecución de los gastos. Indicó que él junto al abogado Óscar Tuma son los voceros para brindar explicaciones sobre este tema.