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El relator de la CIDH resaltó los esfuerzos del Gobierno para garantizar el respeto de los derechos humanos de los reos, principalmente atendiendo la intención de nuestro país de integrar la Comisión de DD.HH. de la ONU. Sin embargo, indicó que mencionan varios puntos preocupantes que deben ser atendidos por el Gobierno.
Cavallaro, quien se reunió con diversas autoridades de los tres poderes del Estado, pidió revisar leyes y la actuación del Poder Judicial, ya que ven un abuso en el uso de la medida de la prisión preventiva que contribuye a aumentar el hacinamiento en las ya superpobladas cárceles. Mencionó datos del Ministerio de Justicia que indican que de los 10.637 reos registrados en el país, solo el 24% está condenado.
Por otra parte, a las ya sabidas condiciones deplorables de las instalaciones penitenciarias, las cuales piden corregir no solo por una cuestión de DD.HH. sino también por seguridad, pidieron atender los casos de corrupción en el manejo de las cárceles.
La inequidad entre los reos “favorece la existencia de arraigados esquemas de corrupción” que, según consideran, involucran a las más altas autoridades de los penales, dijo, y mencionó como ejemplo el caso de las “celdas vip” y el cobro de “aportes” para las visitas hasta el tráfico de drogas.
Como tercer punto mencionaron estar preocupados por grupos vulnerables de presos, principalmente niños y adolecentes, de los cuales el 93% están presos sin condena y en situaciones lamentables y de “maltrato”.
Remarcó que este sistema penitenciario apunta a promover el aumento de la tasa de violencia y el crimen organizado como ocurrió en Honduras.