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Acevedo dijo que era oportuno el mensaje remitido al Congreso por los gremios de la producción, la industria y el comercio, de preocupación por los efectos sociales y económicos que puede tener la actual situación política.
Destacó que esta situación deja una mala imagen en el plano internacional y ante la ciudadanía paraguaya en general, por el efecto directo que tendrá en la vida cotidiana.
Lamentó que por intereses particulares estemos en la inestabilidad que distrae de los temas urgentes sociales, de salud, la inseguridad, las personas secuestradas y el desempleo.
Sobre el reclamo para que haya diálogo entre los poderes del Estado, Acevedo dijo que han intentado hacerlo desde que él asumió, pero no tuvieron respuesta del Ejecutivo. “Hoy parece que el oficialismo quiere meternos presos a todos a través de denuncias absurdas que vienen haciendo allegados al Gobierno y a la ANR, presionando a la fiscalía para que investigue y nos haga entregar celulares y haciendo de todo para poder meternos presos”, señaló el legislador.
En cuanto a la preocupación de la Feprinco por el Presupuesto General, dijo que efectivamente rige el del año pasado y las instituciones públicas pasan por serias dificultades. Agregó que esperaban el inicio de las sesiones en marzo para tratar este tema de urgente necesidad.
Ratificó que el Ejecutivo solamente parece tener tiempo para su proyecto de reelección, mientras que el resto de los paraguayos tienen otras preocupaciones más urgentes.
Consideró que debe haber un sinceramiento, buscar el diálogo y llegar a acuerdos sobre los asuntos nacionales de interés general.
Peligro de autoritarismo
El senador Roberto Acevedo manifestó su acuerdo con el comunicado de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) en el que expresa su preocupación por el retorno de prácticas autoritarias en algunas instituciones. Entre estas, menciona los cambios en la reglamentación del IRP que transgreden la propia ley, obviando el diálogo con los contribuyentes´; la masiva falsificación de firmas pro reelección, atribuida a personas que responden al Gobierno; la maniobra de inventar una conspiración para atentar contra el Presidente con base en informaciones inconsistentes que proceden de violaciones a la comunicación privada, y también la expeditiva actuación de la fiscalía contra activistas sociales y su desinterés por delitos más graves.