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Edgar Villalba, defensor del pueblo adjunto, expresó su preocupación por el caso que afecta a la familia Eisen, en este momento procesada por supuesto lavado de dinero.
La denuncia fue planteada por Juan Eudes Afara y Luis Aníbal Schupp, vicepresidente de la República e intendente de San Carlos del Apa, respectivamente.
Sobre el tema expresó lo siguiente: “La insólita y arbitraria violación del derecho constitucional a la defensa que está sufriendo la familia Eisen es inaceptable y sumamente grave e implica la nulidad de todas las actuaciones y la asunción de responsabilidades por parte de los representantes del Ministerio Publico”.
Agregó que “la gravedad sube de tono pues quienes lo cometen son agentes fiscales que tienen la obligación de ¨velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales”, conforme al art. 268 de la Constitución Nacional y paradógicamente, son quienes están grosera y alevemente pisoteando esos derechos y garantías, salpicando de arbitrariedad y bochorno la imagen del Ministerio Publico”.
Dijo que “por otro lado, con esta aberrante anomalía al tiempo de pisotear la Constitución están ignorando y violentando irreparablemente Pactos y Convenciones internacionales que conforman el ordenamiento jurídico con lo cual también exponen a la República a ser considerado un país inseguro, jurídicamente inestable, violador de sus propios compromisos internacionales e incapaz de hacer que sus instituciones acaten la ley y garanticen una recta administración de justicia”.
Gravísimas irregularidades
En su opinión “estas gravísimas irregularidades que conllevan violaciones constitucionales, ignorancia de la ley y mal desempeño de funciones no pueden ser toleradas por el fiscal general del Estado quien debe inmediatamente sustituir a estos fiscales y ponerlos a disposición de la Inspectoría del Ministerio Público para la investigación correspondiente.
Reclamó que “Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tiene la brillante oportunidad para continuar con la labor de limpieza y saneamiento de la administración de justicia, iniciando de oficio el enjuiciamiento de estos fiscales que desconocen la ley, pisotean los derechos, pervierten las garantías y defraudan las esperanzas ciudadanas, transmitiendo el claro mensaje de que quien agravia la Constitución y violenta la ley sera castigado con rigor ejemplar”.