Aseveró que por la salud del gobierno y del país se debe sancionar con todo el peso de la ley a quienes incurren en irregularidades, como el caso de Ortigoza.

El titular del Indert fue imputado por la fiscala de Delitos Económicos, Victoria Acuña, por el delito de lesión de confianza.

También fueron imputados los miembros del Consejo Consultivo de la institución, quienes serían los que facilitaron el negociado en la adquisición del inmueble ubicado en el departamento de Cordillera. Los integrantes del Consejo son el candidato liberal al Parlasur, Emanuel Fridman; Justo Gamarra, representante de las municipalidades, y Milciades Duré, encargado de las gobernaciones.

Anteriormente fue imputada la escribana Martha Roa de Vargas y el administrador de la empresa San Agustín, Arnaldo Jara.