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El proyecto debió tratarse hace meses, pero todas las veces que se incluye en el orden del día se pide su postergación.
Los legisladores proponen establecer un programa de subsidio directo otorgado por el Estado a las familias indígenas en carácter de derecho universal y dejan en manos del Poder Ejecutivo establecer el monto de dinero que recibirán.
Disponen que el Ejecutivo reglamente la ley “asegurando el cumplimiento del derecho de consulta de los pueblos indígenas, los principios de universalidad, igualdad, discriminación positiva y progresividad de los derechos culturales, sociales y económicos en la distribución del subsidio, y determinará conforme con ellos, los instrumentos técnicos, la clase de subsidio a entregar, los procedimientos de evaluación del programa y su contribución a la superación de la pobreza, así como las metas de desarrollo concurrente a las que se orientarán a las familias indígenas”. La encargada de la implementación será la Secretaría de Acción Social (SAS).