Atropellos jurídicos con el soporte de González Daher

Óscar González Daher, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, brinda apoyo al Grupo Favero para reclamar deudas que son resultado de falsificación de hipotecas, prendas y pagarés. El abogado del grupo empresarial se niega a entregar documentos a la justicia alegando que “no tiene obligación de declarar en su contra”. Suena a confesión de culpa.

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El 16 de noviembre de 2015, el abogado José Costas Arriagada, representante jurídico del Grupo Favero, presentó una acción de inconstitucionalidad contra una orden judicial que intima la entrega de documentos pertenecientes al colono Marino Raiter.

Marino Raiter y su esposa Marilene do Rocío Penkal, ciudadanos brasileños, cultivan la tierra en la colonia Tirol, Carlos Antonio López, Itapúa; viven desde hace 40 años en nuestro país y sus dos hijos son paraguayos.

Ambos solicitaron por vía judicial el extracto de las cuentas que reclama Agro Silo Santa Catalina, parte del grupo empresarial de Favero, a fin de conocer las supuestas deudas.

La respuesta del abogado José Costas para evitar la orden judicial es insólita: se niega a entregar el extracto de cuentas argumentando que “nadie esta obligado a declarar en su contra”.

Para evitar la cesión del documento al matrimonio Raiter, planteó una acción de inconstitucionalidad.

Vale la pena transcribir algunos párrafos del documento firmado por José Costas Arriagada: “Por el presente escrito vengo a tomar intervención, a oponer excepción de inconstitucionalidad en contra de la providencia de fecha 15 de octubre de 2015, emitida por el juzgado a su cargo y en contra del articulo 209 del Código Procesal Civil”.

Agrega que “la providencia objeto de impugnación resolvió admitir las deligencias preparatorias solicitadas, y en consecuencia intimar a mi mandante a presentar documentaciones e informes sobre sus operaciones comerciales”.

Lo que sigue no tiene desperdicio: “La providencia obliga coactivamente a mi mandante para que ejecute actos procesales similares a una declaración en su contra, bajo apercibimiento de aplicación de remisión de antecedentes por el hecho punible de desacato” (negritas son nuestras).

Lo que sigue no tiene límites: “La confesión coactiva viola abiertamente la garantía establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional que reza:”... nadie puede ser obligado a declarar en su contra”.

¿Confesión de culpa?

El Grupo Favero reclama una deuda de 23 millones de dólares al matrimonio Raiter; la pareja demostró a través de una pericia del Ministerio Público que la firma de ambos se falsificó.

La presentación del extracto de cuentas es clave porque allí se puede determinar si el reclamo del Grupo Favero es lícito o no.

El abogado dice que el documento no debe llegar ante el juzgado porque su cliente “no tiene obligación de declarar en su contra”.

Los Raiter deben pagar 23 millones de dólares, resultado de la falsificación de sus firmas, sin tener derecho a conocer el origen de las deudas que reclama el grupo.

Lo que pretende el Grupo Favero refleja una actitud propia de mafiosos.

El apoyo de González D.

El apoyo de Óscar González Daher es clave para el Grupo Favero: el 28 de setiembre pasado obtuvo exactamente en una hora que la jueza Victoriana Cáceres Duarte admita una apelación contra una medida cautelar en favor de los Raiter, solicitud concedida con la suspensión del amparo, medida expresamente prohibida por el Código Procesal Civil.

Las gestiones ante la jueza de Ciudad del Este fueron realizadas por el secretario de la segunda sala del Jurado de Magistrados, Rodrigo Estigarribia Amidey.

La acción de inconstitucionalidad llegó a la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2015 y hasta la fecha no se emitió dictamen sobre el peculiar argumento de José Costas Arriagada.

Marino Raiter tiene previsto denunciar a la esposa de González Daher ante la fiscalía.

roque@abc.com.py

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