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A fines de enero pasado, el BCP, en representación de los bancos paraguayos, le ganó un juicio civil en Nueva York al señor Avila y a su fundación, recuperando unos US$ 15,1 millones. Además, la justicia norteamericana les condenó a devolver el millón restante y a pagar una indemnización al Central de US$ 6 millones por daños y perjuicios.
Tras su aparatosa derrota en tribunales norteamericanos, Avila inició una acción civil en Paraguay contra los bancos Unión y Oriental, en un desesperado intento por sacarse de encima la deuda de casi US$ 7 millones. El director de la fundación pretende ejecutar un contrato que suscribió en el 2001 con los liquidadores de ambas entidades como parte de la farsa montada en contubernio con los responsables locales de la operación para ocultar el desvío de los fondos.
TITULOS APOCRIFOS
Luego de que la prensa revelara el desvío ilegal de los fondos, en enero de 2001, los liquidadores dijeron haber invertido el dinero en unas supuestas garantías bancarias del ABN Amro Bank de Amsterdam, Holanda. Posteriormente, uno de los miembros del BCP, Julio González Ugarte, viajó a EE.UU. y retornó con una oferta de compra de las garantías suscrita por la empresa Avijos Inc de Miami. El director de la empresa es el mismo José Manuel Avila de la Fundación Humanitaria Paraguay.
La farsa quedó al descubierto cuando el propio ABN reveló que las garantías eran falsas. Jamás fueron emitidas por el banco. La prensa descubrió que habían sido fabricadas por la empresa Camipark S.R.L del Uruguay, por un tal Ronald Reboredo.
Reboredo había hecho trabajos similares para la Fundación "No Me Olvides" de Paraguay que pertenecía a González Ugarte y al entonces superintendente de Bancos, Carlos Pecci.
Las garantías no valen ni el precio del papel en el que están impresas.
Ahora, sin embargo, luego de perder el juicio en Estados Unidos y de recibir la orden judicial de pagar una indemnización de US$ 6 millones, Avila pretende hacer cumplir el contrato que suscribió comprometiéndose a comprar las garantías falsas. La presentación de su abogado, Enrique Kronawetter, resulta fantástica. Alega que no pudo cumplir con la adquisición porque el dinero que pretendía utilizar para ese fin le fue congelado por el BCP, vale decir, los fondos que pertenecían a los mismos bancos a los que pretendía comprarles los títulos.
Luego, el representante de Avila refiere que como los bancos ya recibieron el dinero que recuperó el BCP, su representante solo debería pagar una multa por incumplimiento del contrato, US$ 400 mil, para ser más precisos. Luego, según la pretensión de Avila, el caso debería quedar cerrado.
Resulta obvio que la intención de los abogados de Avila es anular la sentencia en EE.UU. con el argumento de que el tema se está discutiendo en Paraguay. El objetivo final es cambiar una deuda pendiente de pago de US$ 6 millones por una multa de US$ 400 mil sobre la que no habrá seguridad alguna de cobro.
HISTORIA DE LOS TITULOS TRUCHOS
* Entre marzo y abril de 2000, los liquidadores de los bancos Unión y Oriental transfirieron ilegalmente US$ 16 millones a una cuenta en Nueva York a nombre de la Fundación Humanitaria Paraguay.
* En enero de 2001, la prensa denunció el caso.
* En febrero de 2001, los liquidadores informaron que invirtieron los fondos en unas garantías bancarias del ABN Anro Bank de Holanda.
* En marzo de 2001, el entonces director del BCP, Julio González Ugarte, viajó a EE.UU y volvió con una oferta de la empresas Avijos Inc, de Miami, para comprar las garantías bancarias.
* Ese mes, el director de Avijos Inc, José Manuel Avila, firmó un contrato con los liquidadores por la compra de los títulos bancarios.
* Ese mismo mes, el ABN informó oficialmente que las supuestas garantías son falsas. Fueron fabricadas por una compañía uruguaya.
* La prensa reveló que el dinero se transfirió en realidad a una cuenta habilitada a nombre de la Fundación Humanitaria Paraguay, entidad creada por José Manuel Avila.
* En enero pasado, el BCP, en representación del Unión y el Oriental, logró que la justicia de EE.UU obligue a José Avila a devolver lo que quedó del dinero desviado (US$ 15 millones), reponer lo restante (US$ 1 millón) y pagar una indemnización de US$ 6 millones.
* Hace unos días, Avila inició una acción civil en Paraguay con el fin de anular el juicio en EE.UU. Propone que se le obligue a respetar el contrato que suscribió para comprar las garantías falsas. Quiere pagar una multa de US$ 400 mil por incumplimiento de contrato antes que la indemnización de US$ 6 millones a la que le condenaron en Nueva York.