Blindado por el Ejecutivo, el “inocente” sigue en silencio

José Alberto Alderete lleva tres semanas en silencio. El director paraguayo de Itaipú se niega a conceder entrevistas a Radio ABC Cardinal 730 AM sobre el llamativo caso de la estancia modelo en el Chaco que figuraba a nombre de su exsecretario Juan Ernesto Snead, pero que en realidad le pertenecía a él.

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Alderete y Snead, su exsecretario, son ahora socios comerciales en la firma Espartillar SA, dueña de la estancia ALFA. Según datos que constan en registros oficiales, dicha firma es dueña de inmuebles rurales que totalizan unas 8.400 hectáreas y de una propiedad en la zona urbana de Mariscal Estigarribia con una superficie de más de 3.200 metros cuadrados.

Espartillar SA fue creada dos años después de que José Alberto Alderete dejara el cargo de ministro de Obras Públicas, en el que se desempeñó durante los primeros años del gobierno de Nicanor Duarte Frutos.

Inicialmente, aquella compañía figuraba a nombre de Snead, aunque proveedores relataron que fue Alderete quien siempre estuvo detrás de la empresa.

Como ministro de Obras Públicas, Alderete defendió férreamente la entrega de contratos de obras para Yacyretá a empresas argentinas, cuyos directivos están procesados en el vecino país por haber pagado coimas al gobierno kirchnerista, en el escándalo conocido como los “cuadernos de la corrupción”.

Las inversiones coinciden también con el testimonio de un protagonista directo, quien, en el 2011 confesó a nuestro diario que el venezolano Hugo Chávez financió las internas y parte de las elecciones generales del 2008 en Paraguay. Alderete era coordinador general de la campaña de la ANR.

Alderete se ha negado reiteradamente a conceder entrevistas sobre el caso para responder preguntas sobre el origen del dinero de la inversión

Blindaje ejecutivo

Por su parte, el presidente Mario Abdo Benítez se negó a hablar del caso y se limitó simplemente a decir que todos están expuestos a la posibilidad de ser investigados. Sin embargo, su vicepresidente, Hugo Velázquez, y su ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, señalaron que si los hechos realmente ocurrieron, ya prescribieron debido al paso del tiempo.

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