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Informes del Ministerio de Hacienda confirman que Camilo Soares cobró salario como máxima autoridad de la SEN hasta el 21 de junio de 2012, a pesar de que el 23 de abril de 2010 había sido separado del cargo, según documentos proveídos por el Ministerio de Hacienda.
Los papeles revelan que mensualmente se depositaba el salario del citado político en su cuenta, hasta el 21 de junio de 2012, fecha en que su líder en esa época Fernando Lugo fue destituido de la Presidencia de la República, mediante un juicio político llevado a cabo por el Congreso.
Los registros incluso indican que el banco pagó los salarios del mencionado exempleado público cuando ya no debía ser remunerado.
Sin goce de sueldo
El 27 de mayo de 2010 Lugo emitió el decreto 4418 que concedía permiso sin goce de sueldo a Soares como titular de la SEN, a causa de que se abrió una investigación judicial en su contra por manejos irregulares en la institución que dirigía, como en la compra sobrefacturada de panificados para ser distribuidos a damnificados y facturas de pago adulteradas.
El entonces fiscal Arnaldo Giuzzio le acusó de perjuicio patrimonial por valor de 4.290 millones de guaraníes. La causa sigue abierta y en trámite.
En otro caso, salvo el ministro de la Corte Suprema Antonio Fretes, todos sus demás colegas se inhibieron de entender la acción de inconstitucionalidad planteada por Camilo Soares con la cual se busca archivar la pesquisa por la construcción de dos desalinizadoras en el Chaco.
En diciembre de 2012, a un año de dicha acción judicial, la Sala Constitucional no se integraba, y, a la par, se abrió una investigación penal en el Ministerio Público. En enero pasado la Corte Suprema de Justicia destrabó el caso al rechazar una chicana. Sin embargo, no hubo sanciones.
Se aclaraba que el permiso tendría vigencia desde el 23 de abril de 2010. Desde esa fecha, Soares debió dejar de percibir salario público, pero los registros del Ministerio de Hacienda señalan que no fue así.
De acuerdo con los informes elaborados por dicha cartera, Camilo Soares habría cobrado poco más de 5 millones de guaraníes mensuales durante los últimos dos años. En total habría recibido irregularmente unos 90 millones de guaraníes, lo que implicaría la iniciación de un nuevo proceso judicial en su contra.