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Añadió que desde el punto de vista económico, la seguridad jurídica y las reglas claras confiables son imprescindibles para mantener e incrementar las inversiones ya realizadas y, especialmente, para atraer nuevas inversiones y presentar la imagen de “país serio y predecible”.
Agregó que la justicia imparcial, rápida y económica es parte de la contraprestación de servicios que un Estado debe ofrecer a los ciudadanos particulares y corporativos, y no puede haber un buen desempeño económico con un sistema judicial lento o mal desempeñado. Admitió que hay “buenos magistrados y funcionarios judiciales”, cuya labor debe reconocerse.