Cartes promulga ley que pone límite a las tarjetas

El presidente Cartes promulgó ayer la Ley 5476 que limita los intereses de las tarjetas de crédito. A partir de la aplicación de la norma, que depende de una reglamentación a ser elaborada por el BCP, las entidades emisoras de las tarjetas no podrán cobrar más del 26% de interés anual. El Gobierno alega que el tope a las tasas favorecerá “a los sectores más vulnerables”.

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El artículo 9 de la ley dispone que “los intereses aplicables al uso de la tarjeta de crédito se sujetarán a lo establecido en las leyes y regulaciones específicas que rigen la materia y no podrán exceder tres veces el promedio de tasas pasivas promedio vigentes en el mercado”. Al ser esta tasa pasiva alrededor del 8,5%, las entidades financieras no deberán cobrar más del 26% de interés anual.

Actualmente, las tasas de interés promedio de los plásticos llegan al 48%, con una tasa máxima del 54%, y mínimas desde 15%.

El Poder Ejecutivo, según un informe de la asesoría jurídica de la Presidencia, sostiene que la limitación de la tasa de interés de los créditos es “sobre todo para favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad y actuar en defensa de sus derechos ante la falta de regulación en la materia”.

También señala que la ley ha sido creada ante el incremento de la emisión y uso de las tarjetas de créditos y los diversos inconvenientes que surgen ante los que el usuario se siente desprotegido por la falta de regulación en la materia. “Así tenemos dificultades referidas al costo de uso, cobro de intereses sobre intereses, capitalización de intereses, discrecionalidad en el cobro de cargos y comisiones, extracto mensual con información insuficiente, confusa y compleja, entre otros, que lesionan los derechos del usuario y que marcan la necesidad de transparentar y defender esos derechos”, dice el informe de la asesoría jurídica a cargo del ministro Sergio Godoy y publicado ayer en la página web de la Presidencia.

Finalmente, el Gobierno enfatiza que el Estado tiene la obligación de regular las relaciones entre los usuarios y los prestadores de servicios financieros, “sobre todo para favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad, en defensa de sus derechos y sobre todo para asegurar que la ciudadanía tenga la suficiente información y educación sobre la utilización de este importantísimo instrumento financiero, que es de gran utilidad”.

Sectores financieros acusaron al Gobierno de estar imponiendo una medida populista y que con la ley se mataría las tarjetas de crédito. También anunciaron que presentarían una acción de inconstitucionalidad.

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