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El proyecto de ley que estudiará hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales, originado en la Cámara Baja, ya fue aprobado con modificaciones en el Senado y, entre otros puntos, cambia el artículo 64 de la Ley 4743/12.
La norma vigente establece en un párrafo que “no será necesaria la contabilización de los gastos en que incurrieron los candidatos en elecciones internas”.
La modificación propuesta señala expresamente que, en las elecciones internas, los movimientos políticos o partidarios y los candidatos independientes deberán llevar un registro de los ingresos y gastos de financiamiento.
Dichos gastos, según el proyecto en estudio, deberán ser rendidos ante el Tribunal Electoral Partidario y luego ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), junto con un informe detallado de las contribuciones o donaciones recibidas.
El texto modificado en el Senado cambia en parte este artículo aunque, en líneas generales, mantiene la obligación de que los partidos presenten toda la documentación de los gastos de los movimientos internos ante el TSJE.
El proyecto también establece que dentro de los 40 días a los comicios, además de presentar sus balances y cuadros demostrativos de ingresos y egresos ante el TSJE, los partidos deberán publicar todos esos datos en su sitio web.
En caso de incumplimiento de estas obligaciones, las candidaturas no serán inscriptas ante el TSJE, según dispone el proyecto.
Otro punto que analizará hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales es si acepta la modificación dispuesta por el Senado que, de hecho, aumenta el subsidio estatal a los partidos políticos.
En la normativa vigente los partidos y movimientos, deben recibir un monto no inferior al 5% ni superior al 15% del jornal mínimo para actividades diversas no especificadas por cada voto obtenido. La propuesta del Senado es que el porcentaje sea del 15%, invariable.
Otra diferencia es que el Senado plantea que solamente las personas sentenciadas judicialmente no puedan contribuir en las campañas electorales. En tanto, el texto de la Cámara Baja prohíbe contribuir inclusive a las personas acusadas por narcotráfico y otros delitos graves.