Con facturas y firmas falsificadas se robaron más de G. 800 millones

De los casi setenta mil millones de guaraníes que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) transfirió a una supuesta Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), en los tiempos de Enzo Cardozo y Rody Godoy como ministros, gran parte de esa suma se desvió en un laberinto de cheques al portador, falsificación de facturas, falsificación de firmas, rendiciones de cuentas amañadas, etc.

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El ocho de febrero de 2013, Rody Godoy firmó la resolución número 152 “Por la cual se autoriza a la Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar (DAAF), la transferencia de fondos del rubro 874 ‘Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro’, a favor de la Federación Nacional (…) por un monto total de 3.300.000.000 (Guaraníes tres mil trescientos millones)”.

Este apoyo tiene como objetivo “mejorar las condiciones de vida y la seguridad alimentaria de los productores beneficiarios, mediante el desarrollo de sus capacidades técnico productivas, que permitan una mayor productividad, tanto para el consumo familiar como de mercado”.

Esta suma, agregada a muchas otras del mismo origen, en ningún caso cumplió los buenos deseos expresados en las resoluciones. Desde luego, de acuerdo con el camino elegido, nunca se tuvo la intención de mejorar las condiciones de vida de los productores. Mejoraron, eso sí, y mucho, las condiciones de vida de un pequeño grupo que se apoderó del dinero público destinado a los pequeños agricultores.

La resolución 152 está fechada el 8 de febrero de 2013 que transfiere los tres mil trescientos millones de guaraníes a la Fenaprofhp. Sin embargo, el contrato “de prestación de servicios” fue firmado el 6 de marzo, un mes después, entre J.M. Auditores y Consultores Asociados, firma representada –de acuerdo con el contrato– por la señora Francisca G. Zorrilla Mereles, y los representantes de Fenaprofhp, Silvio Riveros en su carácter de presidente, e Ignacio Acuña, tesorero.

¿Qué dice este contrato? “El servicio de la consultora incluye la elaboración de 23 (veintitrés) proyectos de acuerdo al pedido realizado por los comités que se presentó a la Fenaprofhp, la preparación de la rendición de cuentas y la presentación en tiempo y forma a los estamentos establecidos de acuerdo al Anexo A Capítulo 02 del decreto 8334/12 que reglamenta la Ley Nº 458/11 del Presupuesto General de la Nación”.

Dicho así, pareciera que el contrato es un instrumento apegado a las normas legales. Se citan decretos y leyes como si fueran a cumplirse. Pero es pura cáscara para envolver una formidable corrupción como veremos enseguida.

“El pedido realizado por los comités” –del que se habla en el contrato– se venía haciendo de la siguiente manera: Silvio Riveros, junto con Lidio Irala y algunos de sus parientes y empleados se daban en la tarea de reclutar productores a quienes se les ofrecía una determinada cantidad de dinero a concretarse con la condición de que se organicen en comités. La cantidad de miembros exigida variaba entre 10 y 15, aunque en algunos casos aceptaban cinco. Se les hacía firmar un formulario en que constaba la intención de ser asistidos económicamente por el MAG y los supuestos insumos que recibirían. Las sumas solicitadas en estas condiciones iban de G. 250 millones a 450 millones, aunque en algunos casos alcanzaban los G. 550 o 650 millones de guaraníes.

Frente a esta posibilidad, los productores firmaban cualquier documento que se les ponía delante. Con las carpetas bajo el brazo, Silvio Riveros retiraba el dinero sin inconvenientes. Nadie le preguntaba –era parte del juego– si los proyectos eran factibles o no, si el suelo era el apropiado para determinados rubros agrícolas, etc. Se presentaba, retiraba el dinero y después, mucho después, para guardar las apariencias, presentaba el “contrato de prestación de servicios”, como acabamos de ver. O sea, retiraba el dinero y un mes después decía para qué. Luego vendrá la “rendición de cuentas” que consistía en la compra de facturas en blanco que llenaba como se le antojaba para justificar el dinero que se desviaba lejos de los fines originales.

Para esta operación, la Fenaprofhp disponía de tres casas comerciales –dos de ellas de un solo propietario– que le proveían de las facturas en las que figuraban los precios más escandalosos de los insumos supuestamente comprados. Todo esto está probado con abundantes documentaciones, en poder de la fiscalía.

Falsificación de facturas y de firma

El “Contrato de prestación de servicios” acercado al MAG un mes después de retirado el dinero, un hecho absolutamente irregular pero que respondía al esquema diseñado para la corrupción, es todavía menos grave que los hechos siguientes:

La empresa J.M. Auditores y Consultores Asociados no existe como tal. La supuesta propietaria, la que “firmó” el “contrato” tampoco existe. Se hace figurar como firmante a Francisca G. Zorrilla Mereles, y la verdadera propietaria, del verdadero J.M. Auditores, se llama Francisca Graciela Mereles Zorrilla.

De acuerdo con el documento, en la cláusula tercera, “el contratante –o sea, Silvio Riveros– se obliga a pagar al contratado la suma de G. 550.109.175 (Guaraníes quinientos cincuenta millones ciento nueve mil setenta y cinco) IVA incluido, por 23 (veintitrés) proyectos y sus respectivas rendiciones de cuentas, establecido en el objeto del contrato en su artículo primero. El pago se realizará el 30% en un plazo no mayor a 10 días después de la firma del contrato y el saldo del 70% al final de la rendición de cuentas respectiva; expidiendo el contratado la correspondiente factura y recibo de dinero al momento de efectuarse los pagos por honorarios profesionales. En el monto asignado al presente contrato están previstos los honorarios profesionales, gastos de viáticos por movilidad, gastos de oficina, útiles, comunicación y cuantos gastos operativos sean necesarios para el eficiente cumplimiento de su cometido”. Más otra factura de J.M. por la suma de G. 298.330.000 (Doscientos noventa y ocho millones trescientos treinta mil guaraníes).

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