Congreso autoriza al Ejecutivo a otorgar por 30 años más concesión a Tape Porã

El Senado sancionó ayer el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar por 30 años más (hasta el año 2053) el contrato con la empresa Tape Porã para ampliar a cuatro carriles la Ruta VII. El contrato vence en 2023. Opositores denunciaron que la normativa viola la Constitución y benefició al padre del ministro del MOPC.

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En una sesión extraordinaria llevada a cabo ayer de tarde, el Senado sancionó el proyecto de ley “que autoriza la modificación y ampliación” del contrato de mantenimiento y explotación de la Ruta VII Gaspar Rodríguez de Francia, firmado entre el MOPC y el Consorcio Tape Porã en el año 1996.

Dicha firma había anunciado que invertirá unos US$ 130 millones y que no va a aumentar el precio del peaje. El proyecto original era que el emprendimiento se realizaría mediante una alianza público-privada (APP), pero a fines de 2015 Tape Porã retiró ese plan a cambio de la renovación del contrato.

La aprobación de la propuesta de concesión ocurrió ayer con ajustados 20 votos a favor del texto original remitido por la Cámara de Diputados y 18 en contra. Dieron su aceptación los colorados y liberales oficialistas más los oviedistas, quienes argumentaban la urgencia de aumentar carriles en el tramo de la carretera que va desde el empalme con la Supercarretera Itaipú, Km 323, hasta el Km 183 de Caaguazú (140 km), a fin de agilizar el tránsito nacional y mejorar la economía nacional.

Ahora la ley pasa a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación, lo cual se da como un hecho considerando que el proyecto de ley fue remitido al Congreso por el gobierno de Horacio Cartes.

Férreo defensor

Uno de los principales defensores del citado plan de ley fue el senador Luis Castiglioni (ANR), quien volvió con el oficialismo de su partido en el marco de la renovación de autoridades en Mesa Directiva del Senado.

En cambio, pedían modificaciones al proyecto la bancada del Frente Guasu más colorados y liberales disidentes. Este sector denunció que el texto de Diputados viola la Constitución Nacional y las leyes al permitir al presidente Cartes la discrecionalidad de ampliar el contrato con Tape Porã que vencía en 2023, sin llamar a licitación pública.

Con esa empresa estaría vinculado el padre del ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, que tiene el mismo nombre.

El senador Eduardo Petta (PEN), extitular de la entonces Policía Caminera, denunció que la compañía incumplía alevosamente los pliegos de explotación. Subrayó que este proyecto se aprobaba a las apuradas ante la incertidumbre del Ejecutivo de no reunir los votos necesarios en el futuro.

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