Constatan deficiente uso de recursos del Fonacide en Comuna de San Ber

La Contraloría General de la República constató irregularidades formales por el deficiente uso de recursos del Fonacide por parte de la Municipalidad de San Bernardino para la ejecución de programas y proyectos en la Comuna. Este municipio cordillerano recibió del Ministerio de Hacienda G. 1.094.691.122 para encarar construcción y refacción de locales educativos.

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El análisis que realizó la Contraloría General corresponde al periodo de enero a diciembre de 2013. Se analizaron documentos presentados por la propia Municipalidad de San Bernardino como rendición de cuentas de la aplicación de los recursos del Fonacide a programas y proyectos de ese municipio, cuyo intendente es Ramón Zubizarreta Zaputovich.

Según informe brindado por el Ministerio de Hacienda, el citado municipio recibió en concepto de recursos del Fonacide al 31 de diciembre del 2013, la suma de G. 1.094.691.122.

En la verificación de la documentación, el órgano superior de control constató una serie de irregularidades reiterativas en varios contratos que asumió la Municipalidad de San Bernardino.

Destaca que la Comuna no dio cumplimiento a la resolución Nº 7050 del 24 de octubre del 2012, respecto a la aprobación de los proyectos arquitectónicos de las obras ejecutadas por el gobierno municipal.

En el caso del contratista Enrique Vallejos Osorio, la Municipalidad suscribió contratos para la ejecución de obras en la escuela Máximo Jiménez Hernáez, pero no se constató la existencia de los tres presupuestos que exige la ley. Tampoco se visualizó la existencia de un informe de avance de las obras de recepción. La Municipalidad pagó con fondos genuinos G. 15.130.000, sin explicar por qué no utilizó fondos del Fonacide.

El director de planificación urbanística del municipio constató que las obras se hallaban paralizadas y en total abandono, por lo que el asesor jurídico intimó al contratista a devolver la suma de G. 3.449.540 el 9 de abril de 2013. Sin embargo, aun así, el 26 de julio del mismo año la Municipalidad abonó al contratista Vallejos la suma de G. 3.760.000. Para la Contraloría esta operación resulta sumamente llamativa y mucho más la explicación ofrecida por el jefe comunal.

Casi iguales irregularidades observó la Contraloría en operaciones con distintos contratistas. Ellos son: Zacarías Villasanti Gómez, Miguel Vázquez Coronel, Daniel Elíaz Maidana Gamarra, Orlando Soto Martínez, Carlos Ariel Ottero, Clotildo Dávalos Valdez, Héctor Vidal Martínez, Johnnie Javier Martínez Soto, Contratista ZC Sociedad Anónima Construcciones, Eusebio Ramón Cuenca, Marcelino Villasanti, Miguel Ángel Salas Ruiz Díaz, Humberto Limprich Monges.

Las deficiencias evidenciadas “son las mismas que las observadas en los otros contratos ya analizados”, dice el informe de la Dirección General de Economía de la Contraloría General de la República.

Nada por encima de la ley

El informe de Contraloría General de la República realiza una serie de recomendaciones al intendente de San Bernardino, Ramón Zubizarreta Zaputovich, para mejorar la administración de recursos del Fonacide. En una de ellas señala que el intendente “debe tener presente que ningún criterio –por mejor, más altruista y beneficioso para la comunidad, que parezca– puede estar por encima de los dictados de la ley cuya ignorancia, por otro lado, no puede ser argumentada, menos aún por quienes estén obligados a aplicarla y hacerla cumplir, por tanto, el intendente municipal de San Bernardino, también deberá cumplir con el Sistema de Contrataciones del Sector Público...”.

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