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Los jueces Alejandro Herrera, Gladys Lahaye y Mirian Cristaldo, integrantes del Tribunal Electoral de la Capital, segunda sala, deberán pagar de su bolsillo los costos de un juicio en el que, a criterio de la Corte Suprema de Justicia, fallaron en forma equivocada.
Es en una demanda entablada por la ciudadana Brunilda Aurelia Martínez de Blanco, contra la Municipalidad de Villa Hayes.
Según los antecedentes, en el año 2011 Martínez de Blanco, funcionaria permanente de la Comuna demandada, fue despedida de la institución, sin previo aviso y sin un sumario administrativo previo. Tenía 16 años de antigüedad, por lo que ya contaba con estabilidad laboral.
Ante esta situación, la mujer inició una demanda contra la Comuna, en reclamo de una indemnización y cobro de beneficios laborales.
El caso cayó en manos del Tribunal Electoral de la capital, segunda sala, que a través del acuerdo y sentencia número 17 del 2013 resolvió rechazar la demanda con el argumento de que la misma fue planteada fuera de plazo.
El Tribunal entendió que Martínez de Blanco planteó la nulidad de la resolución por la que se dispuso su despido –tenía un plazo de 18 días para reclamar–, pero en realidad lo que pedía era su indemnización y el pago de beneficios laborales caídos.
“El tribunal consideró erróneamente que, con la demanda, la actora buscó impugnar la resolución, es decir, buscar su revocatoria, en cuyo caso sí cabría la aplicación de la norma citada como argumento del plazo de 18 días”, señala la Corte.
Agrega que la demandante no pretendía volver a su lugar de trabajo, sino reclamaba cobro de guaraníes en diversos conceptos laborales generados como consecuencia del despido injustificado.
En el juicio, la Municipalidad de Villa Hayes reconoció que Martínez de Blanco fue funcionaria durante 16 años de la Comuna de Villa Hayes, y que fue despedida sin sumario previo.
“Consideramos oportuna la declaración de nulidad de la resolución recurrida, para evitar una situación de enjuiciamiento unilateral, mediante el cual la propia autoridad, quien dicta la resolución, actúa en carácter de acusador e investigador, propias de un juez que realiza impulso procesal... identificadas con el sistema inquisitivo”, acota la Corte en su análisis del caso.
Finalmente, resuelve anular la resolución del Tribunal Electoral y le impone el pago de las costas del juicio.
El histórico fallo de la sala penal de la Corte, que obligará a los jueces a pagar los costos de un juicio con decisión errada, lleva a firma de los ministros Luis María Benítez Riera, Alicia Puchetta y Sindulfo Blanco.