Creen que ley dificultará uso de dinero malhabido

El diputado liberal Édgar Acosta dijo que si bien la ley de financiamiento político no eliminará la presencia de dinero malhabido en las campañas electorales, al menos pondrá más dificultades a los narcotraficantes y a los candidatos a aceptar el respaldo de personas de dudosos antecedentes.

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Acosta dijo esperar que en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del próximo martes concluya la aprobación del proyecto de ley sobre financiamiento político. Indicó que no era ingenuo como para creer que se terminará la utilización de dinero proveniente de actividades ilícitas pero, al menos, les costará más a los delincuentes hacer aportes y a los candidatos aceptarlos.

Apuntó que es muy importante además que quede registrado quiénes son los aportantes a las campañas, de tal manera de poder prever a quiénes responderían algunos en caso de resultar electos.

Destacó además la importancia de que se dé una competencia electoral en igualdad de oportunidades.

Indicó que uno de las disposiciones del proyecto de ley es que se habilite una sola cuenta para los aportes a la campaña de un candidato y que cada contribución se haga constar en un recibo timbrado. Esto desalentará a personas que no pueden justificar el origen de su dinero.

En cuanto a la posibilidad de que los aportes se hagan a través de “prestanombres”, el diputado liberal dijo que el control que haga la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) y la Subsecretaría de Tributación será clave para desenmascarar a quienes no tengan manera de demostrar que sus ingresos provienen de actividades lícitas.

Sobre la posible venalidad de los funcionarios, Acosta dijo que quienes más exigirán el control serán los adversarios políticos de los candidatos que hagan una exhibición de poder económico inusual. Recordó que el proyecto de ley prevé la impugnación de los candidatos que trasgredan sus disposiciones.

En relación al proyecto, Acosta dijo también no estar muy de acuerdo con la creación del Consejo Interinstitucional de Financiamiento Político, bajo la coordinación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Este organismo tendrá a su cargo la regulación y el control del financiamiento político. Acosta dijo temer que dicho consejo tenga ingerencia en cuestiones netamente electorales.

No obstante, dijo que no es una cuestión fundamental y que, si la ley se aprobara, no tendrá problemas en respaldarlo.

En caso de ser aprobado, el proyecto debe pasar al Senado para su estudio.

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