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La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside el colorado Ramón Romero Roa, dictaminará recién hoy, antes de la sesión, sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, debido a que aún restan “ajuste” sobre algunos artículos polémicos. Romero Roa adelantó que habrá dictámenes divididos.
El legislador dijo que recibieron ayer a técnicos, representantes de los distintos sectores que tuvieron a su cargo la elaboración del proyecto, del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que aclararon varios aspectos de la normativa. Una de las aclaraciones se refirió a que la extinción de dominio se aplicará en los casos de procesos que tienen que ver con el delito de narcotráfico y no sobre otra clase de ilícitos.
La normativa, que ya cuenta con la aprobación en general de la Cámara Baja, está directamente vinculada al combate al narcotráfico, ya que permite iniciar un procedimiento especial por parte de la fiscalía sobre los bienes de las personas acusadas de ese delito, independientemente del proceso penal.
El objetivo es que el producto de la actividad malhabida, bajo un procedimiento sencillo, transparente y de reglas claras, pase a dominio público.
La ley dará facultades al Ministerio Público de actuar de forma inmediata para imposibilitar que los bienes ilícitos provenientes del narcotráfico puedan ser transferidos. En el caso de que los bienes de las personas dedicadas a ese delito pasen al Estado, el producto de ello será destinado a las instituciones que combaten ese delito. La distribución del producto de esos bienes es otro punto que planteará discusión en plenaria.
Varios artículos polémicos
Diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales admitieron que el proyecto de ley de extinción de dominio incluye varios artículos polémicos, aunque negaron que sean inconstitucionales. Uno de los puntos se refiere a la retroactividad con que se aplicaría la normativa para que bienes que hayan adquirido las personas vinculadas al narcotráfico antes de la entrada en vigencia de la ley igual puedan ser intervenidas y pasadas al dominio del Estado. Según indicaron los legisladores, existe jurisprudencia sobre que la irretroactividad es aplicable a las personas y no a los bienes. También es polémico el artículo que se refiere a la presunción de inocencia, que los fiscales deberán “destruir”.