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La Cámara de Senadores concretó ayer lo que ya había aprobado la Cámara de Diputados, por iniciativa del entonces diputado colorado Eber Ovelar (ANR, Añetete), al derogar la Ley 4669/12, más conocida como “Ley Guastella”. Esta normativa pretendía ser “antimora” en el cuestionado sistema judicial, pero al final se constituyó en un peligro porque extinguía los procesos penales sin que estos concluyan, en tres años.
La criticada normativa fue bautizada con el citado nombre, porque su proyectista fue el entonces senador oviedista José Abel Guastella (Unace).
La decisión del Congreso debe ser ahora confirmada por el Poder Ejecutivo. De esta manera, quedará vigente la llamada “Ley Camacho”, que prórroga el plazo límite a cuatro años. Dicha ley fue impulsada en su momento por el senador Emilio Camacho (PEN).
El debate ayer en la plenaria fue breve, dado que ya existía un acuerdo entre las comisiones asesoras que dictaminaron sobre la derogación de la ley.
El Código Penal vigente entró en vigencia hace 20 años y establecía una duración de tres años en los procesos. Sin embargo, se demostró que en la práctica y para casos complejos ese plazo de tres años es insuficiente, con lo cual se extinguían las causas por las estrategias procesales planteadas por las defensas y otras veces, por la misma morosidad en el sistema judicial.
Esto motivó que el Congreso suspenda en cuatro oportunidades la entrada en vigencia de la ley, hasta que finalmente ahora termina derogándola.
El exdiputado abdista José María Ibáñez, imputado por el caso caseros de oro, quien recientemente renunció a su cargo presionado por manifestaciones populares, operó fuertemente para que el proyecto de ley que deroga la “ley Guastella” no prospere.
Ibáñez planteó que el proyecto de ley de derogación sea postergado sin un plazo determinado, e incluso propuso renovar la creación de la comisión bicameral de Reforma Penal, que tenga una vigencia de seis meses y allí sea girado el proyecto en cuestión. Su intento no prosperó.