Diez mentiras sobre la crisis

Mucha gente está honestamente ofendida porque se destituyó a un presidente electo democráticamente y no aceptan a Federico Franco porque dicen que ellos no lo votaron para presidente sino para vice. Agregan que si Franco deseaba ser presidente se hubiera postulado como tal y no llegar de la forma en que lo hizo.

El argumento carece de sustento por las siguientes razones: 1. El artículo 230 de la Constitución dice: “El presidente de la Rca. y el vicepresidente serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo, por mayoría simple de votos, en comicios generales que se realizarán entre noventa y ciento veinte días…”. Por eso, la Justicia Electoral, que es la organizadora de las elecciones, los coloca en una sola boleta de modo que con un solo voto se elige a ambos.

Cuando el ciudadano opta por una candidatura presidencial lo está haciendo al mismo tiempo por la de vice. Vota a un vice porque el presidente no es inmortal y tiene también el derecho a renunciar al cargo, además de la posibilidad que existe de ser sustituido, por imperio de la Constitución (art. 225 de la CN. Del juicio político), que es lo que ocurrió, y producida la vacancia, surge la obligación de que el vice se convierta en presidente, porque para eso fue elegido por quienes lo votaron.

2. Fue un golpe de Estado.

Para que exista golpe de Estado debe existir alzamiento contra la Constitución y quienes lo ejecutan deben ser personas o grupos que operan al margen de la ley, no instituciones creadas por la Carta Magna con plenas atribuciones de actuar. En este caso, las cámaras de Diputados y Senadores actuaron conforme al mandato constitucional relacionado al juicio político: Art. 225. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados por mayoría de dos tercios, corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y en su caso declararlos culpables al solo efecto de separarlos de sus cargos.

El juicio político –repetimos– es una atribución exclusiva del Congreso, no de los tribunales ordinarios, y no resulta fácil aplicarlo, dado el poder casi ilimitado que tiene el Poder Ejecutivo en la mayoría de los casos para disuadir a los legisladores por diferentes procedimientos.

3. No se cumplió con el debido proceso.

En el juicio político existe la obligación de respetar el debido proceso que consiste básicamente en garantizar al acusado a ejercer la defensa con base en un reglamento o una ley. Los críticos e impugnadores del juicio político a Lugo dicen que no tuvo suficiente tiempo para defenderse, haciendo una equiparación entre juicio ordinario y juicio político.

Sin embargo, el juicio político se realiza, según la Constitución, por uno de los tres motivos: mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.

Es fácil entender que cuando se le acusa a un presidente de la República por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos necesitará más tiempo que dos o tres horas para defenderse por tratarse de un proceso donde debe reunir pruebas, testigos y documentos. Con más razón cuando se le acusa de cometer delitos comunes.

Pero cuando se lo acusa de mal desempeño de sus funciones, es una acusación política que requiere una defensa política. ¿Qué es mal desempeño de funciones? No son deberes ni atribuciones, que están establecidos en la Constitución, son sus funciones, o sea gestiones. ¿Dónde están establecidos? Solo en la mente de los juzgadores, parlamentarios, por eso el juicio es subjetivo, es sumarísimo y es discrecional.

4. Los cancilleres de Unasur vinieron solo para advertir sobre las consecuencias.

Los cancilleres tienen la libertad de moverse individual o colectivamente por mandato de sus respectivos jefes, los presidentes, para intervenir en conflictos o crisis políticas con acciones de buena voluntad o buenos oficios a fin de contribuir a la solución del problema.

Lo que no pueden hacer es intervenir en medio del conflicto tomando partido por una de las partes, operando abiertamente a favor de uno y en contra de otro. Eso se llama intervención en los asuntos internos de un país y atropello a la soberanía de un país independiente. Débil o fuerte, es nuestra soberanía, y nuestros conflictos internos deben ser resueltos por los paraguayos. Para reclamar justicia están los organismos internacionales, no los cancilleres.

5. La suspensión de Paraguay en el Mercosur se ajusta a derecho.

La ruptura del orden democrático en un Estado sancionado “debe entenderse por tal la que surge de la violación de la Constitución del propio Estado, conforme a la regla interpretativa de los acuerdos internacionales consagrada en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados”. (Facultad de Derecho de Uruguay).

Los cancilleres y luego los presidentes del Mercosur inventaron que aquí hubo violación constitucional y de normas internacionales de Mercosur y Unasur para crear el “derecho de castigar” a uno de sus miembros. Se aprovecharon de sus propias mentiras para sancionar a Paraguay, sin darle derecho a la defensa. Lugo por lo menos tuvo dos horas para la defensa, Paraguay, ni siquiera un minuto. La indignación silenciosa que la medida produjo en la población se vio reflejada en una encuesta publicada mientras que la felicidad mal disimulada que produjo en algunos se nota en todas las manifestaciones luguistas.

6. El ingreso de Venezuela al Mercosur se ajusta a derecho.

“La admisión de un nuevo miembro pleno es regida por el artículo 50 del Protocolo de Ouro Preto (POP), que se remite al artículo 20 del Tratado de Asunción que exige para este ingreso que la solicitud sea objeto “de decisión unánime de los Estados Partes”.

“En el caso, faltando el depósito de la ratificación por parte del Paraguay, no se cumple con aquella exigencia de unanimidad y no observando la suspensión decretada, a juicio de la Sala, los requisitos necesarios de acuerdo al PU, no debe verse como válida la admisión de Venezuela como miembro pleno del Mercosur”. (Facultad de Derecho de Uruguay).

7. Persecución política y violación de los derechos humanos.

Por todos los medios se procura instalar la versión de que a raíz de la destitución de Lugo comenzó una despiadada persecución política y violación masiva de los derechos humanos. No estoy seguro, pero creo que no existe ni una sola denuncia ante la Fiscalía, Defensoría del Pueblo o comisaría sobre el tema, ni siquiera de los que vinieron de afuera en nombre del Parlasur a “descubrir” el tema.

La libertad con que actúan los luguistas es igual a como actuaban otros en tiempos de Lugo, excepto algunos episodios conocidos sobre afiches y TV pública, que son propios de cualquier país donde no rigen en toda su perfección los derechos humanos. Todos los días, por ejemplo, decenas de muchachos escrachan a Franco, y nadie es detenido. Lugo anda haciendo campaña electoral, entra y sale del país, líbremente.

8. La democracia se restablecerá solamente si Lugo vuelve al poder.

Según nuestra constitución, Lugo ya no puede volver al poder, a no ser que los presidentes de los vecinos poderosos cometan una atrocidad, invadan el país y coloquen al presidente que ellos quieran en Paraguay.

9. La destitución de Lugo es cosa de los colorados para volver al poder.

El mayor obstáculo de los colorados para volver al poder no fue Lugo, al contrario, el expresidente estaba ayudando a la vuelta de los colorados, nombrando inclusive a ministros colorados, además haciendo mal sus tareas gubernamentales. El peor obstáculo de los colorados sigue siendo su interna.

10. La matanza de Curuguaty es un pretexto para justificar la destitución.

La matanza es la culminación de un proceso de negligencia en materia de reforma agraria. No hacía falta matar a nadie para demostrar que el gobierno de Lugo nada hizo por la mala distribución de las tierras, incluso cuando se les regalaba, como en el caso Campos Morombí, donado al Estado.