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En la sala de reuniones de la presidencia del Senado se procedió ayer a la apertura de los sobres de ofertas en el marco de una licitación. El objetivo es adjudicar a una empresa a fin de que haga un estudio de perfiles, salarios, cargos, funciones efectivas de los funcionarios permanentes y contratados del Senado y del Congreso, para terminar con los despilfarros y conocer perfectamente si hay relación entre el sueldo y gratificaciones, el cargo y la idoneidad del funcionario.
La responsable de Jobs SRL es Patricia dos Santos, mientras que Llano no informó quién está al frente del consorcio AEA, que no fue invitado y que curiosamente aparece como oferente. Tampoco especificó cuándo se definirá qué empresa se encargará de auditar el plantel de funcionarios. A partir de la elección, estimó que en 90 días concluirían los trabajos. Explicó que ayer “se abrieron los sobres de la parte técnica”, que será analizada por una comisión evaluadora y luego se verá la parte económica.
El Senado aprobó auditar a los 522 funcionarios permanentes y 215 contratados, mientras que el Congreso tiene 363 funcionarios permanentes y 241 contratados. Los funcionarios del Senado y el Congreso percibían cuatro gratificaciones anuales más el aguinaldo legal de fin de año. Cuando Llano asumió el 1 de julio pasado decidió dejar de pagar las dos gratificaciones restantes previstas para el segundo semestre. Con esta decisión, se ahorraron US$ 4 millones. El 30 de junio vencieron los contratos de 664 funcionarios del Senado y del Congreso, y Llano no renovó a 208, con lo cual el plantel de contratados quedó en 456 y se ahorraron G. 3.000 millones.