03 de Junio de 2012

| RIVALIDAD DE FAMILIAS DEJA AL DESNUDO MANIPULACIÓN DE JUECES Y FISCALES

El caudillismo político de Caazapá se nutre con la prisión de inocentes

Por Roque González Vera

En marzo pasado, Luis Alberto Romero Balmori y Abel Cardozo fueron a prisión por un crimen que no cometieron. Todas las aberraciones jurídicas posibles se cometieron con la única finalidad de saldar una vieja historia de rivalidad entre familias, parientes entre sí. El caudillismo político de Caazapá controla a jueces y fiscales.

Aba’i es un pueblo pequeño. Tiene una población estimada en 30.000 personas y el distrito ocupa una superficie de 1.547 kilómetros cuadrados, en el departamento de Caazapá.

La familia López Acosta tiene el control de los resortes políticos de la región. El caudillismo sigue teniendo una fuerte presencia en la comunidad.

La cabeza visible de la familia es Carlos Antonio López Acosta, principal referente del movimiento Honor Colorado, de Horacio Cartes, en el departamento.

El gobernador de Caazapá, Celso Troche, también pertenece a Honor Colorado al igual que el diputado Luis Sarubbi.

En Caazapá no se mueve un cascote sin autorización de Carlos Antonio López Acosta, Celso Troche y Luis Sarubbi.

Los tres políticos “cartistas” se caracterizan por la prepotencia, los abusos y por la imposición de objetivos utilizando prerrogativas propias del caudillaje político.

El diputado Sarubbi, por ejemplo, es asociado con frecuencia con manejos turbios en la justicia departamental. Tiene el control de magistrados y sobre todo de los agentes del Ministerio Público.

Muerte de Andrés Avelino

Teniendo este escenario político, el 4 de marzo de 2008 Andrés Avelino López Acosta (hermano de Carlos Antonio) sufrió una emboscada en la compañía San Rafael, de Aba’i. Unos días después falleció en Asunción, a causa de las heridas recibidas con un arma de fuego.

De inmediato el dedo acusador de la familia López Acosta se extiende contra la familia Acosta Leiva, parientes cercanos entre sí, pero acérrimos rivales políticos.

La enemistad entre primos es una historia trágica que lleva por lo menos 20 años. En este tiempo se sucedieron muertes, ataques y hostigamientos mutuos.

Para la familia López Acosta, la muerte de Andrés Avelino no hizo otra cosa sino confirmar una hostilidad sin posibilidades de conciliación.

Y también en una oportunidad para convertir a sus primos en responsables del crimen de Andrés Avelino quien en el momento de la emboscada era intendente municipal de Aba’i.

Se inventaron testigos

El abogado Oscar Germán Latorre fue contratado por la familia López Acosta para querellar a los culpables del crimen.

El abogado Latorre fue fiscal general del Estado y tuvo una fuerte participación en el proceso posterior a la muerte de Luis María Argaña.

Aquí también se inventó un testigo falso, con la misión de condenar a la familia Acosta Leiva.

Así surge la presencia de la señora Constancia López de Leiva, también componente de ambas familias rivales, quien narra la inverosímil historia de que el asesinato se planificó en Buenos Aires, en su presencia.

Se acusó a Heciquio Acosta Leiva, hermano de Alipio Acosta Leiva, actual intendente de Aba’i, de responsabilidad intelectual en el crimen.

En el proceso judicial se demostró que Constancia López de Leiva ni siquiera conocía la casa de Heciquio en Buenos Aires y que tampoco había abandonado el Paraguay en los días en que supuestamente se planificó la emboscada.

En síntesis, se inventó una historia para también inventar culpables.

Condena de inocentes

En marzo pasado, los jueces Ernesta Nelly Alderete Aranda, Osvaldo Rivas Maidana y Antonio Molinas Armoa condenaron a Luis Alberto Romero Balmori y Abel Cardozo a cumplir 18 y 9 años de prisión por la muerte de Andrés Avelino López Acosta.

A tal extremo de grosería llegó el juicio que los magistrados mencionados aceptaron como válida un acta policial declarada nula por el juzgado de garantías.

El documento declarado nulo no puede tener valor dentro de un juicio, sin embargo, Ernesta Nelli Alderete Aranda, Osvaldo Rivas Maidana y Antonio Molinas Armoa lo admitieron. Estos magistrados serán investigados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Luis Alberto Romero Balmori y Abel Cardozo son inocentes y recibieron una condena de prisión por un crimen que no cometieron.

Proceso judicial viciado

La condena de Luis Alberto Romero Balmori y Abel Cardozo generó dos situaciones: persecución política a la familia Acosta Leiva y mantener fuera del alcance de la justicia a los verdaderos responsables del crimen de Andrés Avelino.

La Policía Nacional también se prestó al juego perverso de facilitar la condena de dos inocentes; en lugar de buscar a los verdaderos culpables, se limitó a inventar pruebas para incriminar a personas que en realidad no tuvieron nada que ver con la mortal emboscada al entonces intendente municipal de Aba’i.

Los asesinos siguen libres, tienen impunidad y nunca se investigó el entorno familiar. El tema marihuana ni siquiera fue mencionado por los investigadores, a pesar de las fuertes versiones de que la emboscada a Andrés Avelino fue en realidad una advertencia para su hermano Carlos Antonio.

En este momento se encuentra en estudio la apelación presentada por el abogado Miguel Ángel Godoy en favor de Luis Alberto y Abel.

Los jueces Graciela Ramírez Montalbetti, Teresa Isabel Maldonado y David Alider Ruiz Díaz tienen la responsabilidad de administrar un caso en el que no queda otra alternativa sino la sentencia de nulidad de todo el proceso.

Intereses políticos llenaron de vicios el juicio.

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