El poder político detrás de la explotación ilegal del oro

El conflicto por la explotación de oro se intensificó hacia el año 2010, cuando la actividad fue concesionada por ley a Latin American Minerals Paraguay (Lampa), la única con permiso para realizar la exploración y extracción del metal precioso. Desde entonces, grupos de políticos de diversos partidos y movimientos, con el discurso de defender los intereses de la ciudadanía, realizaron todo tipo de maniobras para beneficiarse con el negocio de las minas ilegales.

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Hacia el año 1995 aparecieron las primeras pepitas del metal precioso en Paso Yobái y desde aquel entonces personas particulares y empresas trataron de extraer el preciado metal. Se formaron varias empresas tratando de conseguir “concesiones del Estado” para trabajar.

El Gobierno concedió, por Ley Nº 2.079 del 6 de marzo de 2003, a las empresas Minas Paraguay y Minera Guairá SA, alrededor de 7.200 hectáreas en esta zona, “para la prospección de minerales metálicos y no metálicos, gemas preciosas y semipreciosas”, en el distrito de Paso Yobái. Sin embargo, ninguna logró afianzarse en la actividad y en 2007 cedieron sus derechos a la empresa Latin American Minerals Paraguay (Lampa), de capital canadiense.

Sin embargo, en 2008, una Asociación de Mineros de Paso Yobái, presidida por Menelio Arévalos, conocido operador político del Movimiento 20 de Abril, lideró varias manifestaciones reclamando “el derecho a explotar el oro paraguayo”. La agrupación política fue fundada por el entonces jefe de gabinete presidencial, Miguel Ángel López Perito, cuyos adherentes departamentales apoyaron las medidas de fuerza que desembocaron en procesamientos penales por invasión de propiedad privada.

Como recurso de pacificación, Lampa les cedió cerca de 500 hectáreas de las más de 7.200 que tiene en concesión. Hasta el momento se desconoce quién o quiénes se quedaron con esas tierras.

En 2010, los mineros informales manifestaron que el gobierno de Nicanor Duarte Frutos les marginó cuando se otorgó la concesión de explotación de las minas a empresas paraguayas, que solo actuaron de intermediarias. Acusaron al gobierno anterior de haber violado todas las leyes para favorecer a otras empresas, en perjuicio de más de 2.500 mineros de Paso Yobái.

De hecho, desde el ingreso de Lampa, hacia 2007, los propietarios de minas informales de Paso Yobái procuran ante el Gobierno nacional que se legalice su actividad mediante el otorgamiento de derechos en determinadas áreas donde puedan trabajar. Además, piden la expulsión de la empresa de la zona. En sus luchas, siempre aparecen figuras de políticos (algunos como mineros), desde intendentes y concejales, hasta senadores y diputados.

Ante las prohibiciones, los mineros fundaron la Cooperativa Minera Paso Yobái, a fin de que puedan ser beneficiarios de la concesión de un área de explotación del metal precioso. Desde entonces realizaron varias medidas de presión, como invasiones de inmuebles, ataques contra el local de Lampa SA, cierre de caminos, entre otros tipos de protesta.

Interés en “posesión...”

En abril de 2012, la Junta Municipal de Paso Yobái, en una sesión extraordinaria, resolvió declarar de “interés distrital la posesión del área de explotación minera en Paso Yobái” a pedido de la Asociación de Mineros, representada entonces por Menelio Arévalos. Este es adherente del movimiento 20A, liderado por Miguel López Perito, entonces jefe de Gabinete Civil del destituido presidente de la República, Fernando Lugo.

La sesión se llevó a cabo el 30 de enero, un día antes de que la empresa Latin American Minerals Paraguay SA (Lampa) inaugurara sus instalaciones, en las que invirtió más de G. 56.000 millones.

Entre los mayores exploradores irregulares de las minas de oro de la localidad se encuentran, precisamente, el entonces intendente, Édgar Chávez (ANR), y su padre Óscar Chávez, el ex concejal departamental de Guairá y actual gobernador impuesto por un grupo de políticos oficialistas. Asimismo, los concejales departamentales liberales Fidel González y Raúl Acosta, y Gustavo Melgarejo, convencional cartista.

También se mencionaba al entonces diputado Gustavo Musi (Unace), como propietario de una parcela. Además, el exdiputado Elvis Balbuena (PLRA), quien en ese momento impulsaba un proyecto de derogación de la Ley 2.079/03, habría recibido en “pago” una parcela en la zona aurífera.

Piden derogar ley

El último pedido de los mineros para derogar la ley de concesión a Lampa se realizó en marzo de 2016. Entonces, unas 500 personas se manifestaron desde tempranas horas del 11 de marzo frente a las instalaciones de Latin American Mineral SA (Lampa SA), a 10 km del casco urbano.

El entonces presidente de la Comisión de Minas y Energía de la Cámara de Diputados, Pedro David Britos (ANR), así como los diputados Eusebio Alvarenga (ANR), Antonio Salim Buzarquis y José “Pakova” Ledesma (ambos PLRA) acompañaron la manifestación.

Exigieron la derogación de la ley que concede a la empresa canadiense la explotación de las minas de oro en este distrito. Los diputados prometieron formar una comisión especial para pedir informe sobre la empresa y actuar en consecuencia. Una de las alternativas era modificar la ley y no permitir a Lampa ampliar su área de explotación, que actualmente es de 15.000 hectáreas.

Nuevo panorama

El conflicto suscitado en marzo de este año en la Gobernación de Guairá, con la presunta renuncia de Rodolfo Friedmann (colorado disidente), es por el control de la institución departamental con fines políticos y económicos, mediante la explotación ilegal de oro en Paso Yobái.

En Paso Yobái, una comunidad pequeña, donde todos se conocen y todo se sabe, es vox pópuli que uno de los actores principales del conflicto, Óscar Chávez (colorado cartista), era socio de Rodolfo Friedmann en la explotación ilegal de una mina de oro, conjuntamente con Albino Neukirchinger, un ciudadano de origen alemán, que le había alquilado, al principio, su propiedad a Lampa.

Se comenta en la población que Chávez y Friedmann idearon conseguir una licencia para instalar estanques para cría de peces en el inmueble, pero el objetivo real era la explotación minera. Don Albino aporta el terreno, Óscar Chávez los equipamientos para el movimiento de tierra y Rodolfo Friedmann el poder político para conseguir la impunidad, mediante el permiso de la Secretaría del Ambiente (Seam). Esta institución nunca fiscalizó si el trabajo de “piscicultura” estaba marchando de acuerdo con la licencia ambiental.

Claro, para no ser molestados, también daban dádivas a otros políticos, dicen los conocedores de esos tejes y manejes de los políticos de la zona. Pero, llegó un momento en que esa “tajada” que recibían del negocio resultó pequeña.

Entonces, el senador Gustavo Pipo Alfonso y Cándido Aguilera, convencieron a Chávez para traicionar a su amigo y socio, Friedmann, quien cometió el “pecado” de coquetear abiertamente con Colorado Añetete, movimiento disidente en el cual milita actualmente. Así surgió el plan de la renuncia con la que fue despojado de las regalías del oro y del poder político y en su puesto fue ubicado Óscar Chávez.

Actualmente, la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales, integrada por 80 personas es presidida por Rubén Aguilera. Este mencionó que ayer se reunió la comisión directiva y estuvieron presentes el hijo de Óscar Chávez, Édgar Chávez, y el director de Lampa, Juan Carlos Benítez.

PRECIO INTERNACIONAL

Según explica la Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión (Sempi), el precio del oro se inauguró en el 2017 cotizando a 1.158,84 dólares la onza, y ayer cerró con una leve baja (en comparación al martes) en 1.270,50 dólares la onza. El hundimiento del dólar, que desde enero perdió más del 12% de su valor, tira al alza el valor del oro, que en el mismo periodo se ha revalorizado más del 9,6%, debido a que su cotización en la divisa estadounidense lo hace más atractivo para los inversores que otras monedas más fuertes.

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