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El estudio del proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado figura en el punto 16 del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para las 14:00.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación recomiendan el rechazo del proyecto de ley. Si el pleno obra de esa manera, el documento será devuelto a los senadores, quienes deberán decidir si se ratifican o no en su sanción inicial.
El proyecto debe ser tratado por los diputados, de lo contrario si la sesión queda sin quorum, la norma que censura la publicación de las encuestas corre el riesgo de quedar sancionada ya que el viernes tiene sanción ficta.
El proyecto de ley presentado por los senadores liberales llanistas Zulma Gómez, Fernando Silva Facetti y Enzo Cardozo (acusado por la justicia y ahora parlasuriano) y por el Frente Guasu, liderado por Fernando Lugo, plantea que en caso de incumplimiento de la norma, se impongan multas de G. 785 millones. El proyecto viola el Art. 26 de la Constitución sobre libertad de prensa.
En el documento también se plantea la creación de un registro de empresas de encuestas de opinión que deberá renovarse ante cada acto eleccionario. Aquellas empresas que no se encuentren inscriptas en el registro durante el periodo, no podrán difundir por ningún medio, trabajos de encuestas de opinión, durante la campaña electoral.
En cuanto a la divulgación de las encuestas mencionan que si bien los resultados de las encuestas electorales son libres, la Justicia Electoral reglamentará lo relacionado con los tiempos y la forma para la divulgación, sin afectar los principios constitucionales de derecho y acceso a la información pública.
Sin embargo, en una audiencia pública realizada por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación, los propietarios de las firmas encuestadoras pidieron el rechazo del proyecto de ley y cuestionaron que el TSJE lleve el único registro de empresas o entregar a dicho ente las bases de datos que son propiedad de los clientes de cada encuestadora. Solicitaron al Congreso respetar la Constitución en su artículo 26, de la libertad de expresión; el N° 86, del derecho al trabajo, y el 107, de la libertad de concurrencia. Advirtieron que la regulación a cargo del TSJE volvería al órgano en una especie de “policía de encuestas”.
Unanimidad
El dictamen de rechazo de Constitucionales fue firmado por unanimidad por los diputados que responden al cartismo, abdismo, efrainismo, Encuentro Nacional y Patria Querida.