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Núñez informó que ya fueron designados 11 jueces sumariantes que se encargarán de llevar los procesos de los 295 funcionarios de la Justicia Electoral.
Las audiencias se iniciarán en forma gradual desde el martes en la sede central de la institución electoral. Proyectan realizar un promedio de 10 audiencias por día, en el horario de 7:30 a 12:00.
Entre los funcionarios a ser sumariados se encuentran jueces electorales de la Capital y del interior del país como Carmen Novais, Teresita Martínez, Leonor González, Cenen Casco, Víctor Caroni, César Alfonso Aranda, Pablo González, entre otros magistrados electorales.
El sumario a los funcionarios lo realizan con base en lo que señala el reglamento interno de la Justicia Electoral. Entre las faltas se estipula el incumplimiento a la orden de una autoridad superior. La sanción puede ser desde una amonestación verbal hasta la destitución de un funcionario, ello en caso de que no se logre dar con el mismo, ante un posible caso de planillerismo.
Designados
Entre los jueces sumariantes designados por la superintendencia figuran los abogados: Belén Alcaraz, Venancia Núñez, Thelma Benítez, Leandro Batista, José Jacquet, Liz Quiñónez, Humberto Vera Filippi, Edgar Osorio, Antonella Scavone, Laura Colmán y Silvia Ferro. Los magistrados no son designados por la Función Pública, sino por la Justicia Electoral.
Los jueces deberán determinar en el proceso si absuelven o no a los funcionarios. En las audiencias los mismos deberán explicar las razones por las cuales no presentaron el 17 pasado la actualización de sus declaraciones juradas de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República.
La institución electoral no aplica las mismas sanciones a los funcionarios que se rigen bajo la Ley 1626 de la Ley de la Función Pública, debido a que la Justicia Electoral impugnó ese artículo con una acción de inconstitucionalidad.
Hasta el jueves, Núñez recibió el legajo de 30 funcionarios de los 295 que deben someterse al proceso del sumario.
Esperan poder concluir en un corto plazo, esto atendiendo a que la institución debe abocarse a la organización de las elecciones.
Multa para los funcionarios
Los funcionarios que no presentan dentro del plazo fijado por resolución de la Contraloría General de la República se exponen a una multa de 200 jornales mínimos. El artículo 16 en el numeral dos de la Ley 5033/13 que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas.
Mientras que una multa de 500 jornales mínimos también se establece para los administradores de entes que habiliten los pagos a los funcionarios sin que estos hayan presentado la constancia de haber entregado ante la Contraloría su actualización de bienes y rentas. La actualización de las declaraciones juradas se calendariza por instituciones.