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Enrique “Kike” Sarubbi es responsable de montar un esquema delictivo con el objetivo de apropiarse de un inmueble ubicado en Minga Guazú, Alto Paraná.
La propiedad, de 20 hectáreas, pertenece a la firma Inmobiliaria HB SA. El predio, ubicado en el kilómetro 20 de la ruta internacional, tiene un precio estimado en ocho millones de dólares.
Para usurpar la propiedad el abogado Guillermo Montiel se encargó de montar el cumplimiento de una serie de diligencias procesales.
El primer problema era dar “vida” a un muerto: a mediados de 2013 “Kike” Sarubbi demandó a su suegro fallecido 13 años antes.
Venció el primer obstáculo con apoyo de su suegra, Hilda Gladys Fleitas Vda. de Duarte, quien se encargó de recibir todas las notificaciones que llegaban del juzgado de Capiatá, a cargo del juez Manuel Saifildin Stanley.
Complicidad de la viuda
En el expediente del juicio por “cumplimiento de contrato”, iniciado por Sarubbi contra “Manito” Duarte, se puede constatar que el 5 de junio de 2014 llegó a la vivienda de la viuda el oficial notificador.
En la foja 76 se encuentra la notificación recibida por la viuda donde expresa que “se comprometía a entregar” el documento al regresar su marido.
Nunca informó al juzgado que su marido había muerto el 27 de junio de 2000.
La sucesión de notificaciones entregadas en la casa de la viuda sin que el difundo se haya presentado ante el juzgado tuvo como resultado que fuera declarado “rebelde” por el juez Manuel Saifildin Stanley.
Hilda Gladys Fleitas Vda. de Duarte puede ser juzgada por estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
Se expone a penas que van de cinco a ocho años con la salvedad de que, por su edad, no cumpliría una condena carcelaria.
Obviamente, la viuda es un componente clave en el esquema que montó “Kike” Sarubbi para quedarse con una propiedad ajena.
Posibles delitos de Sarubbi
“Kike” Sarubbi debería ir a prisión, tal como sucedió cuando robó una ametralladora antiaérea de la Fuerza Aérea Paraguaya, siendo teniente coronel.
En el juicio que montó contra su suegro fallecido puede tener responsabilidad en estafa, con una pena de ocho años.
Lo mismo se puede decir en el delito de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, con pena de cárcel de hasta cinco años.
En el juicio de interdicto que inició en Ciudad del Este, para tomar posesión de la propiedad de Inmobiliaria HB SA, habría cometido los delitos de uso de documentos públicos de contenido falso, que tiene un castigo de 10 años de prisión.
Simulación de hecho punible tiene tres años de castigo, y denuncia falsa, cinco años de detención o multa.
Sin olvidar el hecho punible de asociación criminal, con pena de cinco años.
Solo “Kike” Sarubbi puede ser investigado por seis delitos de acción penal.
La pregunta es: ¿qué está haciendo la Corte Suprema de Justicia?
El Poder Judicial legitimó el juicio contra un muerto según se puede ver en la Sentencia 259 firmada por el juez Manuel Saifildin Stanley.
Esta sentencia permitió que el legítimo propietario fuera desalojado de su inmueble, finca donde en este momento tenemos a “Kike” Sarubbi gracias a una estafa procesal.
Complicidad judicial
La jueza Máxima Meza tuvo a su cargo el proceso de interdicto planteado por Sarubbi, a quien concedió en menos de 24 horas una orden de desalojo sin verificar derechos de posesión.
El 12 de febrero se planteó el desalojo de Inmobiliaria HB SA y el 13 de febrero se concedió la solicitud, en menos de 24 horas
La jueza Máxima Meza puede ser condenada a cinco años de prisión si es encontrada responsable del delito de prevaricato en el que habría incurrido en favor de Sarubbi.
Otro tanto se puede decir de la agente fiscal Arminda Rivas de Monges, a quien se podría destituir y acusar de persecución de inocentes ante las imputaciones planteadas contra Higinio Benítez Arrúa, Aurelia Nicolaus de Benítez, Raquel Nicolaus Fernández, Claudia Benítez Nicolaus y Fernando Benítez Nicolaus como responsables de falsificar el título de la finca en cuestión.
El predio fue comprado por Higinio Benítez en el año 1992; según la fiscala Arminda Rivas de Monges, sus hijos Claudia y Fernando actuaron en complicidad.
En 1992 Claudia tenía 11 años, mientras que Fernando solo 9 años.
Un caso que cubre de vergüenza al Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia.
roque@abc.com.py