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El proyecto tiene como objeto regular la conservación de datos del tráfico por parte de las personas físicas o jurídicas que proveen servicios de acceso a internet y transmisión de datos. Igualmente, el deber de proporcionar esos datos con autorización del juez de garantías, cuando lo requieran, con la finalidad de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de hechos punibles tipificados en el Código Penal y otras leyes.
Según indicó el diputado Villalba, se llegó a un consenso entre los sectores interesados en esta normativa como organizaciones de DD.HH. y el Ministerio Público, entre otros sectores.