La jueza de Guayaybí, Teresa Alcaraz, mediante una resolución, autorizó la inclusión del Abog. Carlos Martínez Leguizamón como "ordenador de gastos de la Municipalidad de Puerto Casado" y que este pueda retirar dinero de la cuenta corriente habilitada por el ex intendente Pedro Martínez Segovia en el Banco Amambay.

La mencionada jueza, según los informes, mantiene una relación de amistad de hace años con el abogado Ramón Martínez Caimén, defensor del ex intendente. Una resolución que data de 1990 menciona que, cuando el mencionado letrado se desempeñaba como fiscal de cuentas, la nombró su dactilógrafa supernumeraria.

La magistrada, ignorando una resolución del juzgado electoral de Concepción, que reconoció como legítima la destitución de Martínez Segovia del cargo de intendente por parte de la Junta Municipal, había ordenado la apertura de una cuenta corriente para la Municipalidad de Puerto Casado a nombre de Martínez Segovia en el Banco Amambay, según había explicado el abogado Oscar Chamorro Lafarja.

No contenta con ello, ordenó el cierre de la cuenta corriente que tenía la comuna en el Banco Nacional de Fomento y el traslado de todo el dinero existente (unos 500 millones de guaraníes del dinero de royalties) a la cuenta del Banco Amambay.

El ex intendente consiguió las medidas que le abren las puertas para finalmente acceder al dinero de la Municipalidad y conformó un equipo que se encargará de retirar la plata. Ese grupo integran el concejal liberal de Puerto Casado Gregorio Benítez, una persona identificada como Marta Beatriz Mayans García y el padre de su abogado defensor Carlos Martínez Leguizamón.

Todo indica que el ex jefe comunal va a conseguir su objetivo; mientras, en la fiscalía de Concepción duermen cinco procesos abiertos por la supuesta comisión de varios delitos.

QUIERE COBRAR DOBLE A VICTORIA S.A.

Paralelamente a los pasos dados para acceder al dinero que se destina cada año al municipio en concepto de royalties, el ex intendente comenzó a enviar "liquidación de impuesto" a las empresas, cuyas administraciones se encuentran en Asunción.

Una de las firmas que recibieron no solo la liquidación, sino también una temeraria nota firmada por Pedro Martínez Segovia y su abogado Ramón Martínez Caimén es la empresa Victoria S.A. En ella les "recuerda" a los directivos de la firma que la evasión impositiva es castigada con pena privativa de libertad de hasta 10 años.

La empresa Victoria S.A., en diciembre del 2005, abonó 50.000.000 de guaraníes en concepto de pago parcial de impuesto a la Municipalidad de Puerto Casado, que para ese entonces ya contaba con por lo menos comprobante legal, contrariamente a lo que sucedía cuando la administración estaba a cargo de Martínez Segovia.

El pago había realizado la empresa en respuesta a una nota firmada por los concejales municipales de Puerto Casado, quienes solicitaron el abono para a su vez poder pagar salarios a empleados y dietas atrasadas.

En la nota enviada aquella vez a la empresa Victoria S.A., se señalaba que los ediles por unanimidad encomendaban al intendente interino Justo Fernández la gestión del cobro de impuesto y pedían una "especial consideración" al tema.