Exconcejala denuncia que firmas fueron fraguadas para vender isla

La exconcejala de Villa Hayes Belinda Gómez dijo desconocer la resolución de la Junta Municipal en la que otorgaba el visto bueno para la venta de la isla y el brazo del río Paraguay al entonces intendente Basilio Núñez. La exedil sostiene incluso que las firmas que aparecen en el documento serían falsificadas. La fiscalía solicitó informes a varias instituciones para determinar si hubo o no delito.

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Gómez dijo que sus colegas del periodo anterior de la Junta Municipal de Villa Hayes (2005-2010) suponen que las resoluciones en las que se autoriza la venta de la isla y del cauce hídrico serían falsificadas.

La exedil sostiene que el entonces intendente Basilio Núñez pudo haber fraguado los documentos para justificar la operación.

Según los documentos, en una sola sesión de la Junta se habría emitido dos resoluciones en fecha 17 de diciembre de 2009, la 418 y 421. En la primera se autoriza la venta de la fracción “A” de cinco hectáreas que supuestamente formaría parte de un desprendimiento de una propiedad perteneciente al municipio y la segunda, la fracción “B” que en realidad es el brazo del río Paraguay.

Ambas resoluciones llevan la firma del exintendente Núñez y del vicepresidente de la Junta Municipal, Adolfo Eduardo Acosta, así como la de Víctor Hugo Recalde, secretario de la Junta, y Luis Rafael de los Ríos Velázquez, secretario municipal. En las resoluciones se autorizan la venta de las propiedades a favor de Claudine Rojas Arévalos, secretaria general de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), quien además es actual novia del hijo del ahora jefe comunal de Villa Hayes, Ricardo Núñez.

Pedido de informes

Las agentes del Ministerio Público Zully Figueredo, de Delitos Ambientales, y Josefina Aghemo, de la Unidad Penal, corroboraron los documentos relacionados con la venta de la isla y del brazo del río y solicitaron informes al Instituto Geográfico Militar, Registros Públicos y al Servicio Nacional de Catastro.

La operación

Si bien fue Basilio Núñez, actual asesor político con permiso del presidente Horacio Cartes, quien autorizó las ventas, su hermano Ricardo fue quien protocolizó la operación el 30 de diciembre de 2012 en favor de Rojas Arévalos. En total la Comuna recibió G. 52 millones (G. 26 millones por la isla y G. 26 millones por el brazo del río). Cuatro meses después, la secretaria de la Opaci le vende al empresario Guillermo Talavera Gustale ambas propiedades en G. 1.065 millones.

Este también es un aspecto indagado por el Ministerio Público, ya que podría haber un hecho punible, en detrimento de los intereses del municipio.

Un dato, quizás solo sea una mera coincidencia, es que Talavera Gustale, el que compró la isla y el cauce, es hermano de quien en los primeros meses del gobierno de Cartes se presentaba como asesor ad honórem del presidente, Fernando Talavera Gustale, quien hoy ya estaría alejado de este rol, ya que solo intervino en las primeras diligencias en Acepar.

El caso de estas ventas tiene tres aristas principales. La primera si se trata o no de propiedades de dominio público, a juzgar por el mapa del Servicio Geográfico Militar son de dominio público. Lo otro es si hubo lesión de confianza a partir de la mísera suma que recibió la Comuna por las ventas, y lo tercero tiene que ver con lo que se está haciendo actualmente en el lugar. Según los vecinos, Talavera Gustale estaría taponando el cauce hídrico para que efectivamente se convierta en un terreno y deje de entrar el agua que proviene del cauce principal del río Paraguay.

Si esto se confirma, se estaría ante un delito ambiental. Hecho que está investigando la fiscal Figueredo, quien aguarda el informe del consultor ambiental acerca de la licencia ambiental que solicitó el supuesto dueño, Talavera.

Procuraduría debe actuar

Después de que el titular del Servicio Geográfico Militar, Cnel. Milciades Fleitas, haya corroborado que efectivamente lo vendido por el clan Núñez corresponde a una isla y un brazo del río, según el mapa, los pobladores del barrio Remansito de Villa Hayes piden la intervención de la Procuraduría General de la República, a cargo del abogado Roberto Moreno Rodríguez. Esto teniendo en cuenta que ambas propiedades vendidas serían de dominio público, es decir pertenecen al Estado, por lo que nunca pudo haberse vendido a ningún particular como lo hizo el municipio.

rocio.portillo@abc.com.py
jtorres@abc.com.py

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