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Finalmente, una mayoría que superó con holgura los dos tercios de votos aprobó ayer la expulsión de su banca del senador Víctor Bogado, condenado por la Justicia en primera instancia por cobro indebido de haberes al Estado en grado de cómplice.
El ahora exsenador intentó defenderse diciendo que había encargado a su abogado que presentase ayer la apelación a la sentencia, por lo cual la misma no estaba firme. También reiteró que se violaron sus derechos procesales y que no hubo pruebas durante el juicio.
Planteó asimismo que, si realmente iban a darle su derecho a la defensa, debían hacerlo en las condiciones que tuvo en el Poder Judicial. El legislador refirió, en resumen, que le deberían dar varios días, que pudiesen venir sus abogados a explicar las pruebas y que todo fuera filmado. Agregó que, si no le daban esas condiciones, él se retiraría para no participar de algo que consideraba una farsa.
La mayoría votó y aprobó una propuesta del senador Gilberto Apuril (Hagamos) para que el pleno se constituyera en comisión y emitiera un dictamen. Tras esa decisión, Bogado se retiró de la sala.
Durante el debate, el senador Juan Darío Monges (ANR, HC) y el liberal Fernando Silva Facetti (PLRA, llanista) cuestionaron el procedimiento. Monges llegó a decir que se procedía en forma inconstitucional tal como supuestamente se había hecho con el caso del imputado exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista).
Por su parte, Silva Facetti insistió en la inexistencia de una sentencia firme y de elementos suficientes para tomar una decisión. A esta postura respondió el senador Sergio Godoy (ANR, cartista), titular de la comisión de Legislación, señalando que no se trataba de un juicio ordinario, por lo cual no cabía exigir sentencia.
Luego manifestó que el Senado debía evaluar en base a los hechos que tenía, entre ellos la sentencia judicial en primera instancia. Destacó además que la pérdida de investidura es una herramienta del Congreso para el equilibrio del poder.
Casos pendientes
Tras la salida de Bogado, quedan otros senadores sujetos a la investigación judicial como los liberales Salyn Buzarquis (acusado) y Dionisio Amarilla, además del imputado senador cartista Javier Zacarías Irún.
En la Cámara Baja hay varios diputados bajo investigación fiscal como los liberales Carlos Portillo y Teófilo Espínola, los colorados Tomás Rivas, Justo Zacarías y Miguel Cuevas (titular de Diputados).