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La Corte Suprema de Justicia suspendió los efectos de la Ley N° 5453/2015, que otorga al Congreso nacional la facultad de pedir informes a diferentes instituciones, entre ellos a la Fiscalía General del Estado.
La Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica (cuyo mandato vence en diciembre) y Óscar Bajac (con pedido de juicio político pendiente en Senado), suspendieron los efectos de la ley atacada por el Ministerio Público, atendiendo lo dispuesto en el artículo 553 del Código Procesal Civil (CPC).
Ante la consulta, Filizzola cuestionó la decisión de la Corte porque –argumentó– es una atribución del Congreso nacional (Art. 192) Aseguró que la Fiscalía no tiene funciones jurisdiccionales, como dice el Art. 56 del Código Procesal Penal. Por tanto, indicó que no corresponde la presentación de la Fiscalía ante la Corte y tampoco la decisión de la máxima instancia judicial.
Cuestionó esta decisión de la Corte y calificó de inexplicable, “como tantas otras resoluciones”, dijo. Agregó que la Ley N° 5453/2015 establece expresamente en su artículo 2, inciso b, que el Congreso puede pedir informes al Poder Judicial, exceptuando la función jurisdiccional. Aclaró que este poder del Estado sí tiene una función jurisdiccional y no así la Fiscalía.
¿Trasfondo político?
Filizzola no descartó que detrás de esta decisión de la Corte haya un trasfondo político, teniendo en cuenta que en el Senado se tratará en breve el juicio a tres ministros de la Corte: los liberales Sindulfo Blanco y Bajac, y el colorado César Garay. También se debe definir si se acepta la terna remitida por el Consejo de la Magistratura para proponer al reemplazante de Víctor Núñez (ANR), quien renunció en diciembre de 2014 ante su inminente destitución vía juicio político. “Llama la atención (que la Corte) niegue una atribución propia del Congreso”, agregó Filizzola. El legislador expresó que la Fiscalía debe asociarse a la transparencia y no debe poner obstáculos para informar a la ciudadanía.
Antecedentes
Filizzola entregó ayer a los periodistas nueve pedidos de informes realizados al Ministerio Público desde el 2013 hasta la fecha. Indicó que, de ese total, cinco pedidos fueron respondidos por la Fiscalía General del Estado sin ningún tipo de problemas, pero ahora llamativamente recurre a la Corte Suprema de Justicia para “intentar cercenar la atribución constitucional del Congreso”, según acotó.
La Fiscalía recurrió a la Corte luego de recibir un pedido de informes realizado por una Comisión Especial del Senado que indaga sobre los hechos ocurridos en el marco de las operaciones de las Fuerzas de Tarea Conjunta y que derivaron en la muerte del capitán de Ingeniería Enrique Daniel Piñánez, y del suboficial José Manuel González. El hecho ocurrió el 26 de noviembre de 2014 en Cuero Fresco, departamento de Concepción. La presidencia de dicha comisión está a cargo del senador liberal Luis A. Wagner.
Esta comisión le emplaza por 15 días a la Fiscalía (contados desde el 20 de agosto pasado) para que le remita las carpetas de investigación. Pero la Fiscalía hasta el momento no le remitió nada al Senado.
Es intromisión, dice Fiscalía
Para la Fiscalía General del Estado, a cargo de Javier Díaz Verón, es una intromisión el pedido de una comisión especial del Senado porque emplaza por 15 días para que el Ministerio Público remita carpetas fiscales que investiga la muerte de dos militares en Cuero Fresco (Concepción).
Díaz Verón manifestó que “es sumamente grave pretender que la información que debe indefectiblemente mantenerse dentro del ámbito natural de análisis –unidad penal investigadora– pueda trasladarse a otro poder del Estado”.
El fiscal argumentó que ese fue uno de los motivos por los cuales recurrió a la Corte Suprema de Justicia.