/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/3RIJSQFTKZDRRFKS63J5PO7KVY.jpg)
Cargando...
La vivienda ubicada en Brasil casi Von Polesky, a una cuadra del club Sol de América, en Villa Elisa, se iba allanar a la tarde.
Sin embargo, la dirección no coincidía con la del oficio judicial.
Ante esta situación, el fiscal Cantero se retiró del lugar y dejó descolocado al dueño de casa, quien junto a sus abogados Lucas Barrios y Carlos Mendoza ya se preparaban para recibir a la comitiva.
Tras corregir la dirección, Cantero pidió una nueva orden judicial al juez Gustavo Amarilla. Fue así que a las 17:00 aproximadamente el fiscal ingresó a la casa y la recorrió acompañado del propietario y los abogados.
Luego requirió documentos que tras examinarlos los dejó en el lugar.
El abogado Barrios señaló que la fachada de la residencia impresiona, pero que no se trata de una propiedad fastuosa. Añadió que es un lote de 12 x 29, cuyos mobiliarios fueron adquiridos en un remate de la Embajada de los Estados Unidos.
Refirió que la casa cuesta G. 700 millones y que Mendoza pagó G. 450 millones hasta ahora, como producto de la venta de la vivienda en donde residía anteriormente.
Mientras que el fiscal Cantero refirió que el tema del enriquecimiento ilícito es una cuestión que puede llevar tiempo y que la investigación podría alcanzar también, si hay méritos, a la esposa de Mendoza.
El jefe policial percibe en total con los gastos de representación y las bonificaciones la suma de G. 14 millones. Mientras que su esposa gana G. 9 millones como anestesista.
Explicó que se dispondrá un peritaje para cotejar si es la firma de Osorio, la que aparece sobre la de Mendoza, en el pedido de tarjetas “free” para la carga de combustibles.
No obstante, la fiscalía tiene sospechas de que Osorio firmaba con el consentimiento de Mendoza.
El jefe policial refirió a la prensa que cuando detectó el fraude lo denunció ante los superiores y pidió la cancelación de las tarjetas, de lo cual es testigo la funcionaria de Petropar, Vanesa Iribas.
Señaló que esto ocurrió el 2 de mayo y su denuncia fue base para que el Ministerio del Interior presente denuncia ante la fiscalía.
Mendoza refirió que el convenio de Petropar y la Policía Nacional establecía como excepción el pedido de aumentar el cupo de combustible vía correo electrónico, con un posterior respaldo escrito.
Hizo notar su extrañeza porque Petropar tomaba como base los pedidos vía emails, sin el respaldo escrito.