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El magistrado habló en su resolución de una “duda insuperable” y de la “duda a favor del reo”, para favorecer al parlamentario.
Sosa Pasmor señaló en el sugestivo fallo que la propia fiscalía había solicitado el sobreseimiento definitivo de otros exdirectivos de la Conatel, como Omar Javier Ramos, Lidio Estigarribia Silvero, Francisco Rigoberto Delgado Marquez y María Mercedes Amarilla de Taniguchi, “cuyas situaciones procesales resultaban iguales de complejas que las del legislador procesado”.
Bogado ocupó la presidencia de Conatel entre enero de 2000 a enero de 2003.
Según el juez, el supuesto perjuicio patrimonial a la Conatel no se ha producido, porque el incumplimiento contractual de la empresa Infinity Networks SA, se encuentra en proceso judicial para su recupero, en el fuero civil.
La abogada de Conatel, Nélida Meza, había promovido una acción ejecutiva para reclamar el subsidio estatal de G. 1.087.972.806 desembolsados a favor de Infinity Networks SA, que había comprado todos los derechos y obligaciones de la empresa Artes Gráficas Zamphirópolos SA, esta última adjudicada por G. 3.315.000.000 para el diseño, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento de un sistema de telecomunicaciones para la provisión de dos teléfonos públicos para cada una de las 240 localidades del interior del país.
Un segundo contrato cuestionado a Bogado fue el firmado por Conatel con el Consorcio Electro Import Impsat SA, a quien el legislador pagó G. 6.500.000.000 como subsidio, para proveer de 750 teléfonos públicos y/o cabinas telefónicas.