Identifican puntos claves para una reforma judicial

La reorganización del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, creación de la carrera judicial y reorganización funcional de la Corte Suprema de Justicia son tres puntos neurálgicos a tener en cuenta en la agenda política de las nuevas autoridades elegidas para la reforma del Poder Judicial.

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El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) elaboró una serie de propuestas que entregó a los equipos técnicos de partidos y movimientos que pugnaron en las elecciones del 21 de abril. Son iniciativas que apuntan a la reforma del Poder Judicial.

Esos ejes son: la creación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Anticorrupción, renovación del Consejo de la Magistratura, nuevo código de Organización Judicial, ley de carrera judicial, reorganizar la Corte Suprema de Justicia, modernización del sistema de control de jueces y democratización del gobierno judicial.

La directora del CEJ, María Victoria Rivas, destacó tres puntos neurálgicos a tener en cuenta a la hora de una reforma del Poder Judicial. Mencionó la reorganización del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Señaló que este organismo “ha servido hasta ahora para fortalecer a la corporación judicial, antes que mejorar la administración de justicia. Es hora ya de una reorganización total de su funcionamiento, limitando su crecimiento burocrático profesionalizándolo”, dijo.

No a favores políticos

En relación a la creación de la carrera judicial, indicó que, paralelamente con un mejoramiento del sistema de selección, se debe trabajar una carrera judicial alejada de los cargos, en que la capacitación judicial permanente sea un incentivo para seguir escalando en una carrera judicial que responda a méritos y aptitudes y no a favores políticos.

En cuanto a la reorganización funcional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rivas sostuvo que es hora de profundizar los grandes cambios que necesita el sistema judicial, y una de ellas es el funcionamiento de la CSJ. “Es necesario avanzar en profundas reformas que limiten las facultades administrativas de la Corte. Es imposible seguir con el modelo de que la Corte siga administrando los recursos económicos, administrativos, financieros y de recursos humanos, cuando existen cuestiones jurídicas importantes pendientes en las respectivas salas. Nuestro diseño constitucional debe apuntar a cortes eminentemente jurídicas que se alejen de las cuestiones administrativas. También deberíamos replantear las facultades de superintendencia, generar nuevos modelos de control y sanción, pues los que existen son desfasados en el tiempo, y generar una dependencia funcional de los jueces con relación a los órganos sancionadores”, manifestó.

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