Impulsan exclusión de por vida a los corruptos

En marzo, el diputado colorado Ariel Oviedo (ANR) reimpulsará el proyecto de ley que pretende inhabilitar, en ciertos casos hasta de por vida, a funcionarios públicos y autoridades electas que son condenadas por corrupción. El proyecto, girado a 3 comisiones asesoras aún no tiene dictamen.

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Oviedo indicó que al reiniciarse las actividades legislativas hará lobby con sus colegas para que su proyecto de ley cuente con el dictamen de las comisiones asesoras para que sea tratado por el pleno.

Dijo que espera contar con el respaldo de su bancada, Colorado Añetete, como así también del oficialismo y de los sectores de la oposición.

Según expresó el diputado, la aplicabilidad de la pretendida norma es importante porque actualmente aunque se cometan los delitos y se cumplan las penas, igual después –los condenados por corruptos– están habilitados para ocupar un cargo público o electivo.

“No es bueno que un funcionario público o un representante del pueblo tenga este tipo de antecedentes”, refirió el legislador. Con este proyecto de ley, “quien esté sentenciado estará inhabilitado de 5 a 20 años o perpetuamente, según la gravedad del hecho punible”, indicó Oviedo.

Agregó que, como Poder Legislativo, deben otorgar las herramientas al Poder Judicial para que se pueda velar por el buen funcionamiento y desempeño del funcionario público. Sin embargo, dijo que pasa mucho por la voluntad y el accionar del Poder Judicial.

Chicanas 

Al ser consultado cómo se podrían castigar las chicanas que presentan los acusados para evitar llegar a la condena, el diputado dijo que debería hacer un pequeño análisis para ver cómo ajustar legislativamente el caso y evitar esa situación. 

El proyecto de ley 

La norma establece una inhabilitación perpetua para acceder a cargos públicos y de elección popular en caso de que se haya cometido el delito de cohecho pasivo agravado, prevaricato, tortura, ejecución penal contra inocentes, exacción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en provecho propio. También se aplicará a los hechos punibles previstos en las leyes especiales, tipificados como actos de corrupción.

La inhabilitación especial, según propone el proyecto de ley, consistirá en la prohibición para ocupar un cargo público o de elección popular por un lapso de tiempo y que puede llegar a un plazo de 20 años.

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